El Sindicato Independiente de Trabajadores Estatales Costarricenses (Siteco) se sumó a la petición del ministro de Seguridad, Mario Zamora, de sacar a los cuerpos policiales del grupo de instituciones públicas limitadas presupuestariamente por la regla fiscal.
La organización sindical acuerpa la posición de que urge una mayor inversión en las fuerzas policiales para enfrentar de mejor manera la ola de crímenes, y para ello señala indispensable levantar las limitaciones impuestas por la regla fiscal.
Así se podría dotar de mejor equipo a los policías ante las dificultades actuales, según una carta enviada por Siteco a los diputados, quienes tienen finalmente la potestad de reformar la ley sobre la regla fiscal.
“Estos funcionarios laboran jornadas de más de doce horas diarias, ganando salarios paupérrimos, tienen dificultad para gozar de sus merecidas vacaciones, carecen de un avituallamiento adecuado, muchos no poseen chalecos anti balas y los que lo tienen deben compartirlo con otros compañeros”, según el comunicado de Siteco.
“Todos los diputados, diputadas, candidatos y candidatas de los diferentes partidos políticos, se rasgan las vestiduras prometiendo más leyes y recursos que acaben con la inseguridad ciudadana (…) Tampoco ha existido voluntad de las diferentes administraciones para dotar a los cuerpos policiales del presupuesto necesario para cumplir con sus funciones”, agregó Siteco en el comunicado firmado por su secretaria general, Xiomara Rojas.
Los recursos financieros para fuerzas policiales también están bajo presión en las entidades municipales, pues la Unión Nacional de Gobierno Locales (UNGL) denuncia que el Consejo de Seguridad Vial (Cosevi) está recortando los montos que por ley corresponden a las policías municipales, provenientes de las multas de tránsito en cada cantón.
Esto porque el 70% del dinero generado por multas de tránsito municipales deben retornar al municipio correspondientes para su cuerpo de seguridad ciudadana, pero Cosevi avisó a los gobiernos locales correspondientes que para 2024 se recortará un 30% al monto anunciado inicialmente.
“En documento, con fecha del mes de marzo, se indicó que el monto para las 23 municipalidades que cuentan con inspectores de tránsito sería de ¢287.700.000 pendiente de 2022 y, para el plan operativo – presupuesto 2024 sería ¢2.576,4 millones”, dijo UNGL en un comunicado. Sin embargo, luego vino la mala noticia: “en otro oficio del pasado mes de junio, se comunicó a dichos municipios que lo proyectado para el año 2024 se reducirá a ¢1.810,8 millones”.
“Es dinero que no es del gobierno central sino de los municipios”, reclamó la directora ejecutiva de UNGL, Karen Porras, en línea con Marcelo Solano, representante de la Red Nacional de Policía Municipal y director de la Policía Municipal de San José: “las disposiciones administrativas, según el principio de jerarquía de las normas, no cuentan con un rango superior a la Ley, motivo por el cual, no existe fundamento jurídico alguno, que permita al Ministerio de Hacienda, tomar decisiones contrarias a la Ley, a través de una disposición meramente administrativa, independientemente de las causales que motiven dicho acto”.
