Varias organizaciones ambientalistas se reunieron en la comunidad agro ecologista de Longo Mai, en Buenos Aires de Puntarenas y en un comunicado conjunto instaron a los diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa a “impedir los gravísimos impactos sociales y ecológicos que tendrían en el país” tres proyectos de ley sobre la producción privada y venta de energía eléctrica.
Específicamente se trata de los expedientes 23.414 “Armonización del sistema eléctrico nacional”, 22.701 “Ley de fortalecimiento en la venta y exportación de electricidad a asociaciones cooperativas, empresas distribuidoras y de servicios públicos” y el 22.561 “Ley para la autorización a los generadores de electricidad para la venta de excedentes de energía en el mercado eléctrico regional”.
Las organizaciones Comunidades Ecologistas la Ceiba (Coecoceiba), el Movimiento Ríos Vivos Costa Rica, la Federación Ecologista y de Conservación de la Naturaleza (Fecon), PROAL, International Rivers y la Movida Global por los Ríos y los Pueblos llamaron en particular la atención a esa última iniciativa.
Afirmaron al respecto que “hemos seguido con extrema preocupación la falta de argumentación técnica, social y ecológica con que está siendo defendido”, y por ello exigieron a todas las diputaciones “estudiar, consultar, asumir responsabilidad e impedir su aprobación porque debilitan de forma irreversible el sistema público de electricidad, su condición como derecho de la gente y lo convierten en un sistema de lucro privado”.
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Además, esas organizaciones insistieron en que “como lo hemos reiterado por más de 30 años, exigimos la derogatoria de leyes 7.200 y 7.508 porque siguen siendo un deleznable medio de lucro para un grupo de empresas privadas nacionales y transnacionales”.
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En su pronunciamiento esas organizaciones además subrayó que los usos prioritarios del agua y otros elementos de la biodiversidad “deben ser definidos colectivamente y la protección de los ecosistemas debe ser el primero, seguido del agua para consumo humano, la soberanía alimentaria y posteriormente los fines comerciales y energéticos, regulados y limitados de acuerdo con estudios científicos de calidad y disponibilidad”.
Así, afirmaron que los ríos son “ecosistemas integrales” que además del agua aprovechada en actividades como la generación de energía, incluyen “todas las expresiones de vida presentes en ella”, así como “todos los elementos que conviven en las cuencas hidrográficas”.
Entre otras consideraciones, subrayaron que los ríos “deben ser reconocidos jurídicamente como sujetos con derechos propios para asegurar su existencia y su uso regulado, respetuoso y limitado, según necesidades ecosistémicas y sociales colectivas y solidarias. En esta tarea Costa Rica debe aprender de los avances de otros países orientados a ese reconocimiento”.
