La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) denunció que la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL) ha desarrollado una estrategia de presión para que los concejos municipales establezcan escalas de salario global, aduciendo que, de lo contrario, la Contraloría General de la República no les aprobará el presupuesto de 2024.
El asunto, contó Albino Vargas, secretario general de ANEP, es que, de las 84 municipalidades del país, un total de 83 declararon a su personal como exclusivo y excluyente, es decir, no se encuentra bajo el alcance de la Ley Marco del Empleo Público, ni deben establecer salario global.
“La estrategia de miedo que implementó la Unión de Gobiernos Locales fue para que las municipalidades establecieran el salario global antes del 10 de setiembre, aduciendo que la Contraloría les había informado de lo contrario no les aprobarían el presupuesto, pero tenemos un oficio de dicho órgano (Nº 12157) donde nos indican que no se ubican documentos relacionados con directrices, prevenciones u oficios emitidos por el Contralor a municipalidades sobre la implementación de la Ley Marco de Empleo Público”, señaló Vargas.
No obstante, Carlos Bolaños, asesor legal de la UNGL fue enfático en que la organización nunca ha obligado, ni generado presión hacia las municipalidades en este sentido, pero que sí han actuado responsablemente, pues aunque éstas declararan a su personal exclusivo y excluyente, sí deben plantear las familias de trabajadores y salarios globales, pues la ley no los exime de esto.
“Es falso que estemos haciendo presión, lo que hemos hecho es actuar responsables con la ley, la cual indica en el artículo 35 de su reglamento que los gobiernos locales y entes que declaren a su personal exclusivo y excluyente tienen seis meses para conformar los salarios globales y ese período se cumplió el 10 de setiembre. Nunca hemos amenazado con que la Contraloría no les aprobará el presupuesto, lo que sí es cierto es que para presentar el presupuesto se tienen que ajustar a la norma vigente, la Ley de Empleo Público”, indicó el abogado.
Con respecto al documento de la Contraloría, indicó Bolaños que nunca han dicho tener ninguna resolución del órgano contralor, y que sí habían generado una metodología para que las municipalidades se pudieran orientar y establecer dichos salarios globales.
Añadió el abogado de la UNGL que todas las asesorías y orientaciones que dieron a los gobiernos locales se basaron en el documento “Indicaciones para la formulación y remisión a la Contraloría del presupuesto institucional”, el cual señala en su página 22:
“Las municipalidades deberán considerar en la formulación de los documentos presupuestarios, cuando les sea aplicable, lo indicado en la Ley Marco de Empleo Público N.° 10159 y su respectivo Reglamento. En ese sentido, para las previsiones de las remuneraciones del Presupuesto Inicial 2024, debe contemplarse para lo que corresponda, lo dispuesto en el artículo 35 de dicho Reglamento, en cuanto señala que las entidades sujetas al ámbito de aplicación de esa normativa deberán tener, según corresponda, definidas sus familias laborales, los puestos y clases que las conforman, así como la columna salarial global de la familia correspondiente, a más tardar el 10 de septiembre del 2023”.
Por su parte, Albino Vargas señaló que los Concejos Municipales no pueden emitir acuerdos de salarios globales al margen del mando de la Sala IV que acogió una acción presentada por la ANEP contra el salario global y que hay una ordenanza que se deriva de una opinión consultiva de la Corte de Derechos Humanos sobre negociación colectiva.
“Dicha opinión consultiva señala que ninguna autoridad político-administrativa del país puede desconocer las convenciones colectivas y la ANEP podría acusar a los regidores que hayan votado un salario global sin tomar en cuenta este instrumento laboral”, concluyó Vargas.
