La competencia tarifaria desleal de las plataformas digitales ha provocado que desde 2016 el gremio taxista haya sufrido el suicidio de 22 personas, según argumentan y que a unas 7 mil de las 11 mil personas que se dedican a esta actividad las deudas con la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) les amenacen de no poder renovar su concesión el año entrante.
Esas duras realidades, expuso Yamileth Zúñiga, dirigente del sector, pueden borrar del mapa al gremio, pero sobre todo porque señala impactos negativos con la recién aprobada “Ley para la protección del taxista ante la actual crisis sanitaria, económica y social” y en particular con el proyecto de ley de la administración Chaves, “Ley de transporte remunerado no colectivo de personas y plataformas digitales”.
“La actividad de las plataformas es tan desleal en comparación con los taxis, al punto de que no hay competitividad, no se puede, no alcanza el dinero”, señaló.
Por ello, la activista subrayó la necesidad de que la mayor cantidad posible de taxistas se manifieste este martes, a las 10 de la mañana frente a Pizza Hut en Paseo Colón, “tenemos que luchar por el taxi”.
El proyecto recién aprobado se tramitó con el número de expediente 21924 y fue presentado durante el periodo anterior por el socialcristiano Erwen Masís, a quien este gobierno designó como representante ante el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). Incluye disposiciones como que los taxis puedan transportar mascotas, pero sobre todo que los taxistas entren a trabajar con las plataformas digitales.
Esto ha causado gran malestar en el gremio, pues con esa disposición los taxistas pasan de ser un sector que exige la regulación y la ilegalidad de esas plataformas, a tener que entrar a trabajar con ellas sin que se atienda la muy importante diferencia tarifaria.
Zúñiga explicó que, por ejemplo, el primer kilómetro en tarifa de taxi cuesta ₡910 pero en las plataformas poco más de ₡200. “¿Para qué queremos las plataformas, si ni el taxi se va a pasar a ₡200 y pico ni las plataformas a ₡910? ¿Cómo van a arreglar eso?”, cuestionó.
La activista dijo que con la aprobación de esa ley “ya lograron una parte” del proceso de borrar del mapa al gremio.
Por otra parte, el proyecto presentado por el gobierno se tramita bajo el número de expediente 23.736 y entre otras cosas “elimina la concesión de taxi y nos obligan prácticamente a que nos tengamos que pasar a un título habilitante, es un permiso que nos denigra, nos quita todos los derechos de la concesión”.
Ese título habilitante pasa a ser otorgado por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT).
La propuesta de la administración Chaves además deroga prácticamente toda la Ley Reguladora del Servicio Público de Transporte Remunerado de Personas en Vehículos en la modalidad de Taxi (N.º 7969).
“Están pasándole por encima a una de las leyes más importantes para el gremio de taxis, es una barbaridad. Están pasándome por encima a la legalidad y nosotros no podemos permitir que el gobierno esté a favor de la ilegalidad”.
Zúñiga salió al paso de manifestaciones hechas por la también socialcristiana Daniela Rojas durante el trámite de este proyecto de ley, quien planteó “que no éramos competitivos, que ya estábamos obsoletos”. La activista cuestionó: “¿cómo vamos a hacer competitivos si todo el mundo se ha negado a ayudar durante tantos años, todos los gobiernos se han tirado la pelota y aquí el problema es la tarifa”, dijo.
Por otra parte, también hizo patente el descontento del sector con Gilberth Ureña, representante de los taxistas en la Junta Directiva del Consejo de Transporte Público (CTP).
“Pedimos la renuncia de don Gilberth Ureña, y la no intervención de Rubén Vargas”, dirigente del Foro Nacional de Taxistas, quien apoyó y ha intentado convencer al gremio de las bondades de la ley recién aprobada.
Se buscó posición de Ureña, pero prefirió referirse al tema luego de ver la publicación de esta nota informativa.
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