La ministra de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt), Paula Bogantes, aseguró que sí se basaron en fundamentación técnica internacional para la redacción del Reglamento Sobre Medidas de Ciberseguridad Aplicables a los Servicios de Telecomunicaciones Basados en la Tecnología de Quinta Generación Móvil (5G) y Superiores, y aseguró que ante la solicitud de sindicatos del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) de que renuncie, simplemente, no está de acuerdo y no lo hará.
La Asociación Sindical de Empleados Industriales de las Comunicaciones y la Energía (Asdeice) pidió la renuncia de la jerarca por haber firmado un decreto que, alegan, se encuentra “sin ningún fundamento técnico vinculante, que podría retrasar el despliegue y desarrollo de las redes 5G en el país” y probablemente encarecer su precio final para los usuarios.
Específicamente, cuestionaron que el decreto establece que no se contratarán servicios de 5G con empresas que provengan de países que no hayan ratificado el convenio de Budapest sobre cibercrimen o que no hayan manifestado intención de hacerlo, lo cual deja por fuera las compañías de China y Brasil, entre otros, como reportó UNIVERSIDAD el pasado 6 de setiembre.
Bogantes negó categóricamente esta afirmación e indicó que se basaron en diversas normativas y legislaciones internacionales, no solamente el convenio de Budapest, incluyendo normas ISO, la Recomendación sobre la ciberseguridad de las redes 5G” emitida por la Unión Europea en el 2019, así como marcos normativos de la OCDE, entre otros.
“El objetivo es proteger a Costa Rica. Lo que queremos es proteger la privacidad de las personas, sus datos, sus ahorros, sus familias, a la niñez del país, pero también a las empresas, instituciones públicas y el comercio que llegue a utilizar la tecnología de quinta generación móvil (5G), pues el ciberataque que sufrió el país nos demostró que es necesario blindarnos”, indicó la jerarca.
Por su parte, los representantes de ASDEICE habrían señalado que el convenio de Budapest “no tiene absolutamente nada que ver con ciberseguridad y mucho menos con el desarrollo de la tecnología 5G, que en el 2001 evidentemente ni siquiera existía; podemos inferir que esto tiene que ver con una presión del Gobierno de Estados Unidos para que la tecnología se desarrolle con empresas de esta nación”.
No obstante, la ministra Bogantes aseguró que basados en el fundamento técnico internacional y los lineamientos del convenio de Budapest podrán garantizar una mayor seguridad para los datos, porque han podido determinar que la mayoría de los intentos de ciberataques provienen de países que no han firmado dicho acuerdo internacional.
“Todos los días el país sufre intentos de ciberataques y hemos realizado análisis en diversas instituciones del Estados en las que hemos detectado que cuentan con infraestructura tecnológica comprometida (aunque no detalló cuáles entidades) y que los grupos identificados son fundamentalmente de países que no han firmado el convenio de Budapest”, agregó la jerarca.
ASDEICE indicó que esto “cierra las puertas a cualquier otro oferente de los países líderes en el desarrollo de esta tecnología, pues no existe criterio técnico alguno para tomar una decisión de esta índole, por más que se trate de utilizar el tema de ciberseguridad como excusa”.
Agregó la ministra del Micitt que no están dejando por fuera a ningún país para que compita y que aquellas empresas operadoras de tecnología o proveedores de quinta generación tienen que cumplir con lineamientos incluidos en el reglamento y si no lo hacen no pueden participar.
“Con China tenemos pendiente una conversación con el embajador, porque quisiéramos invitar a muchas empresas que quieran invertir en el país a través de inversión extranjera directa (IED), no se trata de discriminación contra nadie, sino de estándares para que puedan participar”, concluyó Bogantes.
