“Estamos luchando para la inclusión de nosotros en la sociedad en general. Somos una gran parte de la población y lamentablemente somos segregados, somos excluidos y es bastante complejo salir adelante”, dijo Javier, quien estudia ingeniería en desarrollo de software en una universidad privada becado por el sector privado.
El joven de 25 años sufrió un accidente a sus 17 años, que lo dejó en una condición de tetraplejia; es decir, sus brazos, manos, tronco y piernas quedaron afectados por una lesión de la médula espinal.
“Tener una discapacidad es mucho más caro que tener una vida normal, por la compra de medicamentos, la compra de silla de ruedas, la compra de silla de ruedas especializada, que es muchísimo más caro. Y cuando uno termina el colegio las ayudas cesan y si uno quiere seguirse superando o entrar a la universidad no tiene apoyo del Gobierno para adquirir una computadora, o una palanca de mando especial en mi caso”, contó Javier.
Junto a él, decenas de personas en situación de discapacidad participaron esta mañana en una marcha desde el Parque de La Merced hasta la Asamblea Legislativa, con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que se conmemora cada 3 de diciembre.
Las principales demandas del movimiento son un alto a la discriminación, que se les consulte de manera oficial todos los proyectos de ley que tienen que ver con políticas que les afectan y que no se les excluya de la toma de decisiones a nivel del Ejecutivo, ni legislativo.
“Buses accesibles sí, buses incendiados no”
Entre las consignas de los participantes estaban “no somos invisibles”, “exigimos los mismos derechos”, “tenemos capacidades, queremos oportunidades”, “no somos angelitos, somos personas sujetos de derecho” y el derecho a la recreación: “la discapacidad no se quita los fines de semana”.
Caminando, en sillas de ruedas, con bastones y haciendo sonar muchas cornetas y pitos, el grupo recorrió la Avenida Segunda gritando “buses accesibles sí, buses incendiados no”. Las personas se desplazaron desde Puntarenas, San Vito y Pérez Zeledón para participar en la actividad.
Wendy Barrantes Jiménez, una de las voceras del movimiento, declaró que el principal mensaje para la sociedad costarricense, el Gobierno y la Asamblea Legislativa es que les tienen que preguntar cada vez que se vaya a tramitar un proyecto de ley que sea de su interés. “Han presentado muchos proyectos y no nos han consultado”, recalcó.
El artículo 4 de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad señala que “en la elaboración y aplicación de legislación y políticas para hacer efectiva la presente Convención, y en otros procesos de adopción de decisiones sobre cuestiones relacionadas con las personas con discapacidad, los Estados Partes celebrarán consultas estrechas y colaborarán activamente con las personas con discapacidad, incluidos los niños y las niñas con discapacidad, a través de las organizaciones que las representan”.
“Esas consultas deben darse por medios accesibles, con plazos idóneos; no como ahora que sólo están enviando un correo, con ocho días de plazo, cuando hay personas ciegas que no tienen acceso, hay personas sordas que no tienen acceso, hay personas que tienen desconocimiento general de qué se les está preguntando”, dijo Barrantes.
Entre los proyectos que mencionaron como importantes para la comunidad con discapacidad y sobre los que no fueron consultados están el 22.530 (Ley para la protección del sector autobuseros nacional); el 22.430 (Ley nacional de salud mental); y el 23.782 (Ley para garantizar el servicio de autobús para los usuarios).
Más de 670.640 personas con discapacidad
Fernanda Quirós Moya es autista y narró que en su caso tuvo un diagnóstico tardío, a los 30 años. “Quiero que las discapacidades invisibles también sean reconocidas como tal y que tengamos acceso a las necesidades de apoyo que nosotras y nosotros decimos que queremos”, expresó la docente de filosofía en la Universidad de Costa Rica (UCR) y en la Universidad Estatal a Distancia (UNED).
Quirós explicó que su caso no ha tenido problema para encontrar empleo porque dar clases de filosofía es parte de sus intereses especiales y se siente cómoda; pero resaltó que la mayoría de personas adultas autistas están desempleadas o cuando lo encuentran las empresas o instituciones no les brindan las condiciones que requieren, por ejemplo, deben trabajar en ambientes con demasiado ruido, relacionarse con muchísimas personas o no se les brinda la anticipación – hacerles saber lo que va a suceder, creando de este modo una sensación de calma-.
“Muchas personas no dicen en sus trabajos que son autistas por miedo a que los rechacen o a que los puedan despedir”, aclaró.
Carlos Gutiérrez, quien es una persona sorda, usuaria del lenguaje de señas costarricense (Lesco), comunicó a UNIVERSIDAD mediante un intérprete que entre sus principales preocupaciones están la falta de accesibilidad a la información en Lesco para los diferentes servicios gubernamentales.
“Hemos luchado para que seamos visibilizados por la sociedad y el Gobierno, por ejemplo, tenemos derecho al uso de intérpretes de Lesco; y es importante que el personal de las instituciones gubernamentales lleven capacitaciones en Lesco para que puedan atender a las personas sordas, como parte de nuestro derecho con base en las leyes” comunicó el bachiller en Derecho, quien actualmente cursa la licenciatura en Derecho en la UCR.
Gutiérrez citó las leyes 7.600 (Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad), 9.822 (Reconocimiento y promoción de la Lengua de Señas Costarricense -Lesco); y 8.671 (Declaración del 29 de mayo como Día Nacional de la Persona con Discapacidad).
Se calcula que en el país existen 670.640 personas con discapacidad (18,2% de su población), según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) de hace cuatro años.
De acuerdo con cifras de la Defensoría de los Habitantes, en lo que va del año se han presentado 376 denuncias relacionadas con temas de discapacidad, de las cuales el 54% fueron por la violación del derecho a la seguridad social. La mayoría de estas denuncias se refieren a las pensiones del Régimen No Contributivo (RNC) por el atraso en los procedimientos para otorgar dichas pensiones, lo cual evidencia la relación estrecha entre discapacidad y pobreza, destacó la Defensoría.
