La Fiscalía Adjunta de Narcotráfico y Delincuencia Organizada pidió el día de ayer el sobreseimiento definitivo de la investigación de las dos personas imputadas por el asesinado del líder indígena bribri, Sergio Rojas, alegando acabaron los esfuerzos posibles para investigación.
Rojas fue asesinado hace cuatro años de múltiples disparos en su vivienda Yeri, en el territorio de Salitre. El líder indígena y rostro de las recuperaciones de hecho de las pueblos indígenas en Costa Rica, sufrió amenazas e intentos de asesinato entre el 2012 y el 2015, tras lo cual Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ordenó al Estado protegerlo.
El abogado de la familia de Rojas, Oscar Retana, indicó la audiencia oral privada convocada el día de ayer terminó a finales de la tarde y acabó con la parte interlocutoria, por lo que el juez decidió dar la resolución por escrito.
“Esta es una herramienta que tiene el Ministerio Público para decirle al juez que se agotó los recursos de investigación y no es posible tener más insumos para solicitar la apertura a juicio. Yo solicité una querella, una investigación privada porque no estamos de acuerdo con esta postura, hay elemento probatorios para que se eleve a juicio para encontrar a los instigadores. La teoría que manejamos es que se pagó por el asesinado de Sergio, no se logró la identificación de los autores materiales, pero creemos que hay pruebas de los autores mediatos o instigadores, los que pagaron por el asesinato” explicó Retana.
Retana estima que esta respuesta se dará en dos o tres meses, ya que la audiencia fue larga, por lo que el juez deberá considerar amplios argumentos de ambas partes, pero también porque ya hay un antecedente en este caso.
En el 2020, el Ministerio Público también pidió archivar el caso también alegando que no podían realizar más acciones ya que, habiendo recolectado indicios probatorios de 22 entrevistas a testigos referenciales, no obtuvieron el permiso del juez para realizar allanamientos.
Esta petición fue rechazada por escrito meses después de la solicitud y en ella se ordenó realizar otras diligencias, contó Retana. Tras la orden, la Fiscalía realizó el levantamiento de secreto bancario, un dictamen antropológico, un estudio de movimientos migratorios y pidió la cooperación del Gobierno de Nicaragua para la localización de imputados que se sospecha están fuera del país.
Ante la convotaria de audiencia, el Frente Nacional de Pueblos indígenas (Frenapi), la Defensoría de los Habitantes, el El Relator Especial sobre Pueblos Indígenas de la ONU y la oficina de Naciones Unidas (ONU) en Costa Rica pidieron al Estado justicia pronta y cumplida en el caso.
“Es particularmente preocupante que hasta la fecha el Estado de Costa Rica no haya contextualizado su asesinato dentro del conflicto por la restitución de tierras indígenas y no se haya condenado a ninguno de los culpables. La impunidad favorece un clima de violencia e inseguridad para los Pueblos Indígenas” publicó el relator de la ONU, Francisco Cali Tzay.
