“Muy probablemente, con el escenario actual, la implementación de paliativos salariales no resulte suficiente para contrarrestar los efectos de un entorno de trabajo dañino”. Esa lapidaria frase resume el sentir de un grupo de profesionales en psiquiatría y psicología clínica y forense que se dirigió por escrito al Consejo Superior del Poder Judicial.
Ese grupo de profesionales subraya una serie de situaciones que, además de bajas remuneraciones, inciden en la fuga de personal de alta calificación de la institución y su consiguiente debilitamiento.
Señalan que “restringir los argumentos a razones económicas minimiza, invisibiliza o distrae la atención de la también innegable existencia de otros motivos de suficiente peso”, y citan datos de una encuesta de la Dirección de Gestión Humana del Poder Judical, recientemente divulgados por la Asociación Nacional de Profesionales del Poder Judicial (Anprojud), según la cual además de “baja remuneración económica”, otros motivos de peso esgrimidos por quienes han renunciado recientemente son “ambiente de trabajo insatisfactorio”, “desmotivación”, “expectativa laboral era distinta a cuando ingresó” o la “falta de reconocimiento a su labor”.
La misiva recién tiene fecha del 23 de enero y viene a sumarse a manifestaciones como a la conocida carta de renuncia del odontólogo forense José Manuel Fernández, para atisbar un futuro desalentador para el Poder Judicial y la democracia costarricense.
Entre los puntos más sensibles enfocados en la carta, se menciona que si bien el servicio que este grupo de profesionales brinda tiene “sus especiales características”, ello “no justifica que debamos desempeñarlo en circunstancias precarias, producto de aceptar con resignación políticas o disposiciones institucionales inflexibles”.
Al respecto, denunciaron que existe una “falta de reconocimiento por las labores que realizamos”, y apuntan que la Sección de Psiquiatría y Psicología Forense debe realizar valoraciones periciales en
centros médicos, de rehabilitación, centros psiquiátricos y “muchas de ellas en el domicilio de la persona a valorar en zonas de riesgo social y criminal, sin contar con el apoyo o protección policial, y permaneciendo varias horas en lugares inadecuados y de peligrosidad, pero con el compromiso de realizar un trabajo de calidad y procurado la accesibilidad de la justicia”.
Por otra parte, denuncian que no se ha reconocido el derecho de vacaciones profilácticas del personal de psicología y que ni cuentan con opción de teletrabajo.
EL texto incluye una crítica a manifestaciones hechas a medios de prensa por el director del OIJ Randall Zúñiga, quien “deja entrever una vez más la idea reduccionista de que en general somos profesionales fácilmente sustituibles”
También desdeñan declaraciones de Orlando Aguirre, presidente de la Corte Suprema de Justicia, quien ha manifestado que se va a “crear estrategias” con la Dirección de Gestión Humana de la institución.
“Conociendo nosotros lo que ocurre a lo interno, sus palabras no nos generan mayor tranquilidad ni seguridad de que, concretamente, las acciones eventualmente coordinadas con el Departamento de Gestión Humana resulten efectivas”, pues consideran que muchos de los vicios se deben a un estilo de “microgestión” de parte de algunas jefaturas y la “falta de conciencia sobre las dinámicas internas que alteran el ambiente laboral”.
Así, el grupo de 15 profesionales ofrece una lista de cinco peticiones y la primera de ellas es “reconsiderar su discurso ante la opinión pública concentrado en el asunto salarial, demostrar con hechos que comprenden de forma integral la crisis que nos afecta, así como promover una indispensable e inevitable modernización del estilo de gestión del factor humano por parte de las jerarquías”.
También piden que se permita el teletrabajo y que se haga un ajuste de los requisitos exigidos para la plaza de Jefatura de la Sección de Psiquiatría y Psicología Forense, pues en la actualidad sólo puede ser ocupada por un profesional en psquiatría. Ello forma parte de un reclamo del personal de psicología, en el sentido de que “nos hemos visto constantemente descalificadas en nuestro trabajo por parte de las autoridades de este Consejo Superior”.
Se pide la autorización para que esas persoans profesionales en psicología forense y clínica además cuenten con vacaciones profilácticas, al igual que las de psquiatría, y finalmente “promover oportunidades de capacitación especializada por parte de la misma institución, acorde con la actualización de conocimientos específicos y requeridos para el puesto”.
La carta concluye que “no podemos permitirnos esperar a que más profesionales especialistas en el campo presenten renuncias”, por lo que solicitan al Consejo Superior “actuar para evitar que aquellos que han contribuido significativamente con su conocimiento y experiencia busquen oportunidades más favorables en otras instituciones”.
Único odontólogo forense del Poder Judicial renuncia mediante reveladora carta sobre condiciones laborales
José Manuel Fernández, quien declarará como perito experto en el juicio por el asesinato de María Luisa Cedeño, aportó una lista de 23 profesionales en medicina forense y 12 en psiquiatría que han renunciado, y pidió a las autoridades judiciales que “busquen la manera de frenar la fuga de personal”.
Corte Plena busca cómo enfrentar la fuga de personal
Reciente renuncia de odontólogo forense llamó la atención sobre la realidad de pérdida de personal agravada por elementos como la Ley de Empleo Público y la reforma de pensiones.
Renuncia de personal especializado socava seriamente al Poder Judicial
Adversas condiciones salariales, agravadas por la Ley de Empleo Público y la reforma fiscal de 2018, han incidido en que, desde entonces, más de 800 personas han dejado la institución, incluido valioso personal del OIJ.
“El Poder Judicial se debilita todos los días”
Testimonios de profesionales especialistas que han presentado su renuncia revelan un panorama lúgubre.
