María Cecilia Rodríguez Bustos es una adulta mayor de 67 años, quien llegó a la Asamblea Legislativa con el fin de que la escuchen y pedir que se le devuelva el tramo en que por muchos años trabajó y le permitió llevar el sustento a su familia.
Acompañada de uno de sus hijos, puso carteles y se encadenó en un poste frente a la sede del Poder Legislativo. No le importó el viento ni el sol, lo que fuera esta adulta mayor quiere es que le devuelvan lo que según ella es su derecho.
Tiene su patente al día, la cual paga desde hace 43 años, como vendedora en un chinamo en el centro de San José.
Trabajó en ese lugar durante 26 años, pero en 2021 un funcionario de la Municipalidad de San José le decomisó la mercadería que vendía y le ordenó retirarse del lugar, ya que el edificio aledaño es considerado patrimonio arquitectónico.
“Yo me había ganado el derecho de trabajar ahí, no tienen por qué quitarme mi puesto, esa es mi forma de ganarme la vida. Vendía ropa deportiva, guantes, bufandas, audífonos, cargadores y controles. Ahora hago mecha, que es deshilachar una tela que se usa en talleres y ferreterías para limpiar tornillos”, narró.
Rodríguez cuenta que desde ese momento no ha podido ganarse la vida como antes. En 2007, cuando intentaron removerla de su chinamo por primea vez, interpuso un recurso de amparo, el cual los magistrados de la Sala IV fallaron a su favor y se le reinstaló, pero la historia se repitió y esta vez no contó con la misma suerte.
“Yo vengo aquí a pedir que me vuelvan a instalar en el lugar donde tenía mi trabajo. Queda en la esquina de la Farmacia Sucre, sobre la avenida central.
Aquí voy a venir todos los días hasta que alguien me escuche. Quiero además que paguen los daños y perjuicios de todo lo que me han perjudicado a mí y a mi familia”, agregó.
LA MUNICIPALIDAD RESPONDE
Después de conocer la historia de esta adulta mayor, DIARIO EXTRA conversó con Giovanny Paniagua, jefe de Control de Espacios Públicos de la Municipalidad de San José.
“El espacio no es vitalicio, eso se da en título precario, y en caso de algún inconveniente o alguna ilegalidad se quita por parte de la municipalidad mediante un proceso administrativo.
En el caso de doña María Cecilia el puesto que ya tenía presentó varios problemas. Uno era que estaba frente a un edificio declarado patrimonio arquitectónico y otro es que el espacio entre la línea del edificio y el módulo no respetaba la medida mínima de 1,20 metros, correspondiente a la Ley 7.600 y a la reglamentación municipal de ventas estacionarias.
Por eso se le realizó un proceso administrativo muy largo, en el cual todos los recursos que ella presentó fueron rechazados, tanto administrativa como judicialmente”, declaró.
Agregó que se han reunido con Rodríguez para conversar con ella e incluso le ofrecieron que buscara un lugar donde pudiera montar su negocio nuevamente. En cuanto a la mercadería dice que la tienen guardada y embalada, a la espera de que ella llegue a recogerla, pero hasta el momento no se ha presentado.
Esta madre espera que algún diputado o funcionario decida conocer su caso y le brinde una mano, pues asegura que otros trameros trabajan cerca de edificios que son patrimonio, pero solo ella le aplicaron la Ley 7.600 y el reglamento municipal de ventas estacionarias.
PERIODISTA: Monica Hidalgo
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Sábado 03 de Febrero, 2024
HORA: 12:00 AM
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