La denominada Ruta del Arroz “ha ocasionado reprochables repercusiones negativas en nuestros arroceros nacionales, sobre todo en los productores más pequeños, quienes de no recibir ayuda están siendo condenados a la desaparición y a la ruina”.
Así lo manifestó mediante un comunicado la Cámara Nacional de la Agricultura y la Agroindustria (CNAA), organización que agrupa a empresas grandes y productores del sector.
Fue en agosto de 2022 que Rodrigo Chaves firmó el decreto con que arrancó la iniciativa que denominó “Ruta del Arroz”, con la que aseguró el país entraría a una reducción de los precios del arroz se vendrían al suelo.
La iniciativa de eliminar la regulación de los precios en el mercado interno y liberar de prácticamente todos los impuestos a los empresarios importadores ha estado lejos de cumplir con el objetivo y más bien ha hundido al sector arrocero en la que bien puede ser la peor crisis de su historia. En el 2022 al menos 150 arroceros abandonaron la actividad, una reducción del 28% que alcanzaba a los más pequeños.
“Desde hace varios meses nuestros productores de arroz viven entre la incertidumbre y la desesperación al ver como tienen que enfrentar el día a día entre gastos, facturas y precios de venta sumamente bajos”, apunta al respecto la CNAA.
Por otra parte, ese gremio empresarial recordó precisamente la promesa de que la iniciativa presidencial “traería beneficios para los consumidores, pues los precios disminuirían”, pero ello “no ha ocurrido hasta el momento”.
Al respecto, cita cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), según las cuales el precio del arroz tuvo un incremento interanual de 4,20%, muy al contrario de la promesa de Chaves.
Rigoberto Vega Arias, presidente de la CNAA, mostró confianza en que “no existe la intención de arruinar y condenar a la pobreza a los pequeños productores de arroz”, pero afirmó que “en vista de que en la práctica eso está ocurriendo, nos solidarizamos con dichos productores y hacemos un llamado a las autoridades del Gobierno para que junto con el sector arrocero dialoguen y diseñen soluciones a este triste y serio problema”.
“La CNAA estará a la orden para ayudar a que no desaparezcan nuestros arroceros. Debemos evitar este despropósito”, indicó
Ivannia Quesada, vicepresidenta de la cámara, aseguró que “no queremos una canasta básica importada ni la destrucción del sistema productivo nacional. Con ello sólo ganarán los importadores e intermediarios, no el consumidor, y se destruirán muchísimos empleos rurales con un alto costo socioeconómico para el país”.
Mientras que el segundo vicepresidente, Óscar Arias Moreira, dijo que “debe darse un serio replanteamiento de la denominada ruta del arroz, para evitar que se arruinen nuestros productores, que es lo que está ocurriendo. La seguridad alimentaria y miles de empleos están en juego”.
La CNAA además apuntó que el sector arrocero costarricense produce el 40% del grano que se consume en el país, con lo cual genera unos 33.200 empleos directos e indirectos.
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