Tras recurso interpuesto por agentes
Policías penitenciarias deben contar con chalecos aptos para mujeres, dicta Sala IV
- Ministerio de Justicia tendrá un mes para comprar indumentaria y entregarla
- Mujeres reciben chalecos provisionales en mal estado y diseñados para hombres
Las oficiales penitenciarias que trabajan en las cárceles del país, deben tener un chaleco antibala que se adecúen a las mujeres. Así lo determinó la Sala Constitucional, tras declarar parcialmente con lugar un recurso de amparo.
Un grupo de mujeres policías alegaron que se les asigna indumentaria de protección en mal estado, vencidos, obsoletos y diseñados para varones. La falta de equipo adecuado para sus funciones, provoca una amenaza para las agentes, según determinaron los magistrados.
El propio Ministerio de Justicia declaró bajo juramento que, el personal femenino es dotado de manera provisional con chalecos balísticos masculinos, hasta que se logre concretar la entrega de los dispositivos adecuados.
La Sala Constitucional ordenó al ministro Gerald Campos, así como los directores de Adaptación Social, el CAI Terrazas y el supervisor policial, que en máximo un mes adquieran y entreguen a las mujeres agentes los implementos adecuados, posterior a la notificación de la sentencia completa.
Si los funcionarios no cumplen con la norma se exponen a castigos. La resolución recordó que:
Se advierte a la autoridad recurrida que, de conformidad con lo establecido por el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada dentro de un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado.
El Ministerio de Justicia alegó en su descargo, que esperaban pronto contar con los chalecos adecuados para las mujeres. Pero según la Sala Constitucional, en el informe rendido no especificaron una fecha certera para la adquisición y entrega al personal penitenciario.
Los magistrados condenaron al Estado a pagar costas, daños y perjuicios causados a las mujeres policías penitenciarias que presentaron el recurso.
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