El ataque contra el vehículo de una jueza de apellidos Castro Fallas en la localidad de Tarbaca de Aserrí ha generado honda preocupación dentro y fuera del Poder Judicial.
Según trascendió, poco después de las 8 p.m. sujetos en motocicleta disparon en varias oportunidades contra el vehículo de la jueza penal quien, según publicó CR Hoy, fue quien firmó la orden de allanamiento contra una abogada que según se ha dicho intentó sobornar a otra jueza en el caso de crimen organizado conocido como “Pancho Villa”.
La Asociación Costarricense de la Judicatura (Acojud) por medio de una carta firmada por su presidenta Adriana Orocú dirigida a las magistraturas de la Corte Suprema de Justicia, describió en primer lugar el contexto adverso de “reformas legales gestadas de forma autoritaria, que han impactado estructuralmente al Poder Judicial, socavando su estabilidad e independencia, de una manera acelerada y atentando contra la calidad del servicio de justicia que se brinda a la ciudadanía”.
Mencionó la reforma al Régimen de Pensiones del Poder Judicial, Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, y la Ley Marco de Empleo Público que “debilita estructuralmente al Poder Judicial y su institucionalidad, provocando la conjunción de la aplicación de las leyes descritas, la renuncia masiva y el vaciamiento de personal calificado para administrar justicia en forma más efectiva”.
A raíz de ello, “uno de los problemas que más se ha acrecentado por la falta de recursos institucionales y limitada estrategia interna, es la desprotección ante la inseguridad que viven Jueces y Juezas de la República, ante las presiones del crimen organizado y otros poderes fácticos”.
La misiva de Acojud no menciona directamente el caso de la jueza Castro Fallas, pero asevera que “es claro que una justicia amenazada impide el efectivo acceso a la justicia imparcial, deteriora el sistema democrático y la seguridad pública” y por ello esa Asociación planteó que exige que “en carácter de urgencia, concreten acciones eficientes y coordinadas para garantizar la protección debida de Jueces, Juezas y que conforme sus obligaciones legales, constitucionales y convencionales, eviten que organizaciones criminales y grupos de poder tengan la posibilidad de seguir atentando contra las personas juzgadoras, tal como sucedió recientemente en el país contra Juezas de la República”.
Por otra parte el Sindicato de la Judicatura (Sindijud), a través de sus redes sociales planteó un “nuevo llamado a Corte Plena a atender sin dilación la incesante violencia e inseguridad a la que están expuestas las personas juzgadoras en Costa Rica”.
“Desafortunadamente hoy amanecemos con la noticia de un suceso que materializa la alerta que este mismo sindicato realizó el pasado 27 de febrero y tras 24 días de ese anuncio, la Corte sigue sin tomar decisiones”, apuntó.
“Adicionalmente, este 22 de marzo, fecha escogida por la Corte para presentar la inauguración del año judicial con la participación de autoridades del Ministerio Público y el Organismo de Investigación Judicial, solicitamos a los respectivos jerarcas de esas instituciones a valorar su discurso de rechazo y ataque constante a la función jurisdiccional según lo exponen en diversos medios de comunicación y les llamamos a respetar el imperio de ley presentando sus objeciones a las decisiones jurisdiccionales a través de los recursos correspondientes y no mediante la arremetida mediática!”, añade el comunicado de esa organización.
Desde la oficina de prensa del Poder Judicial se compartió la posición oficial de su Presidencia, ejercida por el magistrado Orlando Aguirre.
“Hemos liderado y participado en iniciativas que tienen como norte combatir la delincuencia y devolver la paz y tranquilidad a la ciudadanía, desde el impulso a proyectos de ley hasta acciones de intervención policial en zonas específicas por medio del Organismo de Investigación Judicial y la Fiscalía, en coordinación con la judicatura” se expresó.
Tras reconocer que “las y los funcionarios judiciales también están expuestos, en el marco de esta ola de inseguridad, a hechos como el sucedido la noche de este jueves, el cual ya se encuentra en investigación por parte de la policía judicial”, expresó “solidaridad con la compañera judicial, lamentamos que haya tenido que experimentar tal situación”.
Se informó que que se han tomado acciones “con el fin de brindar seguridad al funcionariado”, como un proceso de capacitación al personal judicial sobre vigilancia y manejo de riesgos, y que la Dirección de Seguridad del Poder Judicial trabaja en la revisión de los protocolos de seguridad.
“La lucha del país contra la inseguridad es de todos los días, el Poder Judicial continuará en su tarea y seguirá buscando soluciones, de ahí la importancia de contar con el recurso humano idóneo y el financiamiento necesario, temas que están en discusión en el ámbito político, y que esperemos logren materializarse con el fin de contribuir a las acciones destinadas a enfrentar la delincuencia y devolver la tranquilidad y la armonía al pueblo de Costa Rica”, añade esa información.
También reaccionó a la noticia el ministro de Seguridad Mario Zamora, quien consideró que el ataque contra la jueza “no puede pasar desapercibido, desde el Ministerio de Seguridad nos ponemos a la orden del Poder Judicial para que esta señal de amedrantamiento sea enfrentada desde el estado de derecho costarricense, a través de sus fuerzas de seguridad precisamente para evitar que estos hechos se den contra quienes administran justicia en nuestro país”.
Añadió que desde ese Ministerio “haremos los máximos esfuerzos en coordianción y a la orden del Poder Judicial en la defensa de nuestro estado de derecho”.
