La Asociación Costarricense de la Judicatura (Acojud) y el Sindicato de la Judicatura (Sindijud) a través de dos cartas hicieron un llamado para exigir protección contra atentados por parte de grupos criminales.
Así reaccionaron ambas organizaciones sindicales después de que balearan el vehículo de una jueza de la República de apellidos Castro Fallas, así lo confirmó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
“En apariencia una motocicleta pasó al frente de donde se encontraba estacionado el vehículo y es ahí cuando el acompañante disparó en reiteradas ocasiones contra el carro. A la hora de realizar la inspección en el sitio se logra observar que el carro presenta cuatro impactos en la parte posterior”, informó la policía judicial.
Asimismo, se conoce que el automóvil impactado es un Nissan que presenta un impacto de bala en el parabrisas trasero, en el techo y a un costado.
De manera extraoficial trascendió que la funcionaria pública estaba en la vivienda de su madre cuando escuchó una motocicleta y después las detonaciones.
¿QUÉ DICE ACOJUD?
El Periódico del Pueblo habló con Adriana Orocú Chavarría, presidenta de Acojud y la Federación Latinoamericana de Magistrados (FLAM), quien expresó la preocupación que sienten desde hace tiempo.
“Esto ha sido una constante y se ha materializado. No solo jueces y fiscales se han visto afectados con todo el tema del crimen organizado. Esto no es un tema nuevo”, declaró con preocupación.
Por otra parte, en las cartas aseguran que uno de los problemas más graves es la falta de recursos institucionales y la limitada estrategia interna, además de la desprotección ante la inseguridad que enfrentan jueces y juezas de la República ante las presiones del crimen organizado y otros poderes.
“Es claro que una justicia amenazada impide el efectivo acceso a la justicia imparcial, deteriora el sistema democrático y la seguridad pública, por ello como órgano representativo de la judicatura exigimos que, en carácter de urgencia, concreten acciones eficientes y coordinadas para garantizar la protección debida de jueces, juezas y que conforme sus obligaciones legales, constitucionales y convencionales eviten que organizaciones criminales y grupos de poder tengan la posibilidad de seguir atentando contra las personas juzgadoras, tal como sucedió recientemente en el país contra juezas.
Estas políticas generales de seguridad deberían estar definidas en corto plazo, con la coordinación necesaria ante el Ejecutivo y el Legislativo para la asignación presupuestaria requerida”, se lee en una de las misivas.
Orocú agregó que esto ha sido un círculo vicioso y no solo los funcionarios judiciales se ven afectados por la inseguridad, sino también sus familiares. Por eso desde su punto de vista ser juez o jueza es un proyecto de vida.
Además, hizo un llamado a los poderes Ejecutivo y Legislativo para que corrijan las deficiencias presupuestarias y pongan en marcha una eficiente política interna para restablecer la seguridad.
Adriana Orocú Chavarría
Presidenta de Acojud y FLAM
“ Esto ha sido una constante y se ha materializado. No solo jueces y fiscales se han visto afectados con todo el tema del crimen organizado”.
PERIODISTA: Joselyn Pacheco
CRÉDITOS: Fotos: Archivo
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Sábado 23 Marzo, 2024
HORA: 12:00 AM
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