Bajo el título de “Acciones urgentes para atender la situación de la crisis nacional por mal manejo institucional del agua potable” varias vocerías de organizaciones comunales sobre todo de San José participaron de una conferencia de prensa en la que exigieron mayor participación en el planteamiento de soluciones a la actual crisis de acceso al agua potable.
La conferencia fue organizada este jueves por el despacho de la diputada Kattia Cambronero, del Partido Liberal Progresista (PLP) y participaron representantes de la Acción Comunal por Alajuelita, Territorios Seguros y la Asociación pro desarrollo de mejoras de la pequeña gran ciudad Uruca.
La diputada destacó la importancia de apoyar a “un grupo de líderes de diferentes lugares del país”, quienes según informó enviaron una carta a la Presidencia de la República “con denuncias y demandas en el tema de abastecimiento de agua”.
“Es fundamental el cumplimiento con el mandato constitucional de abastecimiento de agua”, dijo Cambronero, “no estamos cumpliendo por razones administrativas y normativas que nos parecen innecesarias”. Subrayó además que las comunidades han hecho propuestas “ en términos de demandas muy puntuales que el AyA no esta cumpliendo”.
José Páez, de la Acción Comunal por Alajuelita, reclamó espacios de participación civil en la gestión de “un recurso vital, hay muchas cosas de las que se nos priva en las comunidades” y apuntó que no se trata sólo de que haya acceso al recurso, sino de las políticas de distribución que “no son eficaces y la participación ciudadana ha sido nula”.
Reclamó que el Poder Ejecutivo “tome en cuenta que la parte comunal en la ciudadanía tiene una voz. Hay comunidades metiendo amparos, bloqueando calles, todo el mundo tiene deseo de hacer algo. Queremos que se nos de un espacio”.
Carlos Campos Rojas de Territorios Seguros, expresó que se ha puesto en marcha todo un movimiento bajo el mandato constitucional del articulo 50, que establece el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, pues “tenemos claro la responsabilidad no solo en cómo tiene que garantizarse el recurso hídrico, sino en cómo tiene que llegar a toda la población”.
“No se vale, no estamos de acuerdo, en que haya una alta diferenciación social, donde los grupos de élite tienen el agua asegurada y el resto de la población tiene que verse acarreando agua en pichingas porque no hay una adecuada distribución y suministro por el servicio que debería tener AyA funcionando”, aseveró.
Añadió que “no se vale y no aceptamos que se nos eche la culpa como ciudadanía de un alto consumo, cuando lo que hay son altas pérdidas del recurso hídrico por las grandes fugas que hay. No aceptamos bajo ninguna circunstancia que estemos en condición de desigualdad social, simplemente porque hay normativas que se han establecido una diferenciación inescrupulosa e irresponsable con las poblaciones”.
Por su parte, Alicia Avilés de la Asociación pro desarrollo de mejoras de la pequeña gran ciudad Uruca hizo un llamado “a toda las comunidades que se unan”, en búsqueda de “una solución digna para nosotros”.
La carta enviada a Rodrigo Chaves apunta la necesidad “urgente” de que se realice una reunión para también “abordar la violencia que genera la desigualdad social como resultado de las limitaciones impuestas antojadizamente por funcionarios irresponsables desde las distintas instancias, al no permitírsenos disponer del recurso hídrico”.
Es de notar que luego de conocerse esta iniciativa se produjo una serie de reacciones de varias organizaciones comunales comunales que aclararon no ser parte de ella, como Tibás por el Agua, el Movimiento del Sur por el Agua, de los Hatillos, el Sindicato de Trabajadores del AyA (Sitraa) y Guadalupe Goicoechea por el Agua.
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