Una mayoría de los diputados decidieron dar el primer debate a una polémica donación de un parque, que enfrentó a la comunidad de San Francisco de Dos Ríos y la fundación Andrea Jiménez por décadas. Los legisladores acordaron avalar la donación del terreno de la Municipalidad de San José a la fundación.
El problema es que los terrenos en los que están las instalaciones de la fundación Andrea Jiménez se encuentran en un parque que, según informes de la Contraloría General y un fallo del Tribunal Contencioso Administrativo, no pertenecían a la Municipalidad de San José, por lo que la fracción del Frente Amplio (FA), que se opuso a la propuesta, la calificó de ilegal y advirtió que no resistirá una acción de inconstitucionalidad ante la Sala IV.
A pesar de ello, una mayoría de 39 diputados decidió avalar el expediente 23.941, para procurar zanjar un conflicto con más de tres décadas de duración, alegando que se trataba de enmendar un error para permitir que la fundación siguiera funcionando.
“A pesar de que se autorizó la donación del terreno en la Municipalidad de San José, un error burocrático puso a la fundación en un torbellino”, expresó la diputada María Marta Padilla, al justificar su voto en favor de esta solución, y resaltar el trabajo de la fundación y su apoyo a la educación de personas con alguna discapacidad.
No obstante, la iniciativa enfrentó una fuerte oposición del FA, que puso en contra sus seis votos y los argumentos en contra de esta salida, mediante la cual los terrenos del parque, que disputa la comunidad, se traspasarían a la Fundación.
“La Municipalidad de San José dejó que le robaran el parque a la comunidad de San Francisco de Dos Ríos, fue por incompetencia de la Municipalidad de Johnny Araya”, expresó Sofía Guillén, la jefa de fracción del FA, luego de aclarar que su oposición no era contra la labor de la fundación Andrea Jiménez, sino contra “la inoperancia de la Municipalidad de San José, que actuó de mala fé y dejó que el conflicto creciera durante casi tres décadas”, dijo.
Guillén afirmó que esa municipalidad intentó donar un lote que no le pertenecía, que en el proceso intervino el exdiputado del Partido Liberación Nacional Juan Luis Jiménez, entonces jefe de la Dirección Jurídica de la Municipalidad de San José, el que intentó escribir la donación a partir de terrenos que no pertenecían al gobierno local, y consideró inaceptable que se presentara la situación como “un errorcillo”.
Por su parte, la diputada Rocío Alfaro alegó que ya la Procuraduría ha advertido que no se puede legislar sobre cosas que ya han sido juzgadas. En esa dirección, Guillén insistió en que existen informes de la Contraloría y del Tribunal Contencioso Administrativo que le dan la razón a la comunidad, por lo que insistió en que no soportarán una acción de inconstitucionalidad ante la Sala IV, camino que recomendó a los vecinos de la zona. “Han ganado todas las acciones en 30 años, no tendría por qué ser diferente ahora”, dijo.
El debate estuvo a punto de generar una reforma a la ley de planificación urbana, pero una negociación en el Plenario evitó que se mantuviera en el texto un artículo que derogaba el artículo 40 de esa normativa: la diputada Guillén aceptó retirar 26 mociones de la discusión, a cambio de que se aprobara una propuesta para evitar esta reforma. “En mi opinión, todo el proyecto es desacertado, pero al menos evitemos que se genere una reforma cuyos resultados no conocemos, y limitemos la reforma a la situación específica del parque en San Francisco”, dijo la diputada. El Plenario aceptó esta transacción.
La sesión del Plenario también incluyó la aprobación en segundo debate del proyecto 21.160, la reforma al Sistema Nacional de la Calidad, en forma unánime. Se trata de una iniciativa presentada en la anterior legislatura por diputados del Partido Acción Ciudadana (PAC) para modernizar el sistema de calidad, que recibió reformas en la actual legislatura.
