- Balearon carro de fiscal en Jacó
- Aún no existen pruebas que haya sido un atentado
El Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras del Poder Judicial (Sitrajud), reiteró la preocupación que mantienen ante la grave inseguridad que azota al país, y la vulnerabilidad que esto le genera a los funcionarios judiciales.
Este llamado ocurre luego de que la madrugada de este viernes, el vehículo de un fiscal de Garabito recibió varios impactos de bala. No se reportaron personas heridas ni fallecidas tras el hecho.
Los hechos ocurrieron en una calle sin salida en Jacó, cuando en apariencia, al menos dos personas en motocicleta se acercaron y detonaron un arma en varias ocasiones contra el automóvil que se encontraba estacionado.
Sitrajud volvió a pedir a la Corte, que atiendan con prontitud las preocupaciones externadas y solicitan crear una comisión de expertos nacionales e internacionales, que establezcan cuáles medidas inmediatas son necesarias para resguardar la vida del personal judicial.
Sonia Sandí, representante de ese sindicato, recalcó la inquietud por hechos recientes de posibles atentados contra los administradores de justicia.
“No es la primera ocasión, ya sabemos lo que ocurrió hace algunos días una situación similar con una jueza, hay funcionarios del OIJ que han perdido la vida y es una situación que consideramos muy grave: una emergencia que hay que atender de manera inmediata”, manifestó Sandí.
La funcionaria considera que las barreras de seguridad que tienen los empleados y las instalaciones del Poder Judicial han sido suficientes hasta ahora, pero es necesario reforzar ante la ola de violencia que azota el país.
No elevar las alarmas
El Ministerio Público ni el OIJ han confirmado aún que exista algún tipo de relación del ataque con el trabajo del fiscal cuyo vehículo recibió los balazos.
CRHoy.com conversó con Mauricio Boraschi, fiscal adjunto de la Fiscalía General, quien explicó que no tienen todavía elementos para asegurar si se trata de un nuevo atentado en contra de un funcionario judicial por las funciones que tiene a cargo.
“Hay bastantes líneas, no de investigación, sino líneas de descarte que agotar. Aún no tenemos elementos certeros para afirmar que es por una u otra razón. Se evalúan y se atienden todas las posibilidades. Estamos trabajando duro”.
No obstante, días atrás el fiscal general, Carlo Díaz, reconoció la necesidad que ha tenido el Ministerio Público de reforzar la protección a algunos funcionarios, especialmente, los que hacen frente al crimen organizado.
“Generalmente, son los casos más graves. Generalmente, las personas que están acusadas por crimen organizado son las más violentas y eso nos motiva a extremar precauciones”, manifestó.
Reciente ataque contra jueza
Sujetos disparan contra carro de jueza.
No es la primera solicitud que hacen los sindicatos a la Corte pidiendo mayor protección. A finales de mes, la Asociación Costarricense de la Judicatura (Acojud) y el Sindicato de la Judicatura (Sindijud) exigieron protección para evitar atentados por parte de grupos criminales.
Según constató CRHoy.com, la jueza de apellidos Castro Fallas, víctima de un ataque a balazos contra su vehículo el 22 de marzo en Tarbaca de Aserrí, fue quien ordenó el allanamiento ejecutado contra una abogada apellidos Arguedas González, sospechosa de intentar sobornar a otra jueza para beneficiar al grupo criminal “Pancho Villa”.
La abogada vinculada al grupo criminal, es sospechosa de intentar sobornar a otra jueza para beneficiar al grupo criminal durante un juicio. Ese hecho elevó todas las alarmas entre sindicatos, expertos y autoridades estatales.
“Es una llamada de atención para el Poder Judicial y los Poderes del Estado en general. Todos los que estamos en el área penal estamos en una situación vulnerable. Debemos tomar algún tipo de medidas para que esto no ocurra”, dijo el director interino del OIJ, Michael Soto.
El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre, reconoció que los funcionarios del Poder Judicial están expuestos a los riesgos de la inseguridad que azota el país.
“Hemos venido tomando medidas hace algún tiempo, con el propósito de fortalecer la seguridad de nuestros servidores, particularmente la seguridad de nuestros jueces. Se ha trabajado en la implementación de protocolos con ese propósito”, recalcó.
Para Álvaro Ramos, exministro y experto en seguridad, los atentados contra funcionarios judiciales confirman a Costa Rica como un ‘narcoestado’.
“En el momento en que se estén atacando directamente a los jueces en sus residencias, el país está plenamente en lo que se conoce técnicamente como un narcoestado”, indicó Ramos.
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