La Cámara de Empresas de Distribución de Energía y Telecomunicaciones (Cedet) recalcó que el texto sustitutivo del proyecto de Ley de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional (expediente 23.414), requiere importantes correcciones pues, a como está redactado, aumentaría la factura eléctrica de la mayoría de usuarios de las empresas municipales de electricidad y cooperativas de electrificación rural.
Algunos de esos usuarios a los que la factura eléctrica les subiría de precio, según la Cedet, son vecinos de Heredia, Cartago, Zona de Los Santos, San Carlos, Guanacaste y Zarcero, según la Cedet. Esto por cuanto en estas localidades se ubican más de 423.000 clientes de las empresas las municipales Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH), la Junta Administrativa del Servicio Eléctrico Municipal de Cartago (Jasec), Coopesantos R.L, Coopelesca R.L, Coopeguanacaste R.L y CoopealfaroRuiz, que conforman la Cedet.
El proyecto de ley fue presentado por la administración Chaves Robles en octubre de 2022 y es impulsado principalmente por el viceministro de Energía, Ronny Rodríguez, la fracción oficialista y el Partido Unidad Socialcristiana (PUSC).
El texto sustitutivo ya fue dictaminado en la Comisión Especial del Sector Energético Nacional, de la Asamblea Legislativa. Tiene un dictamen afirmativo de mayoría y otro negativo de minoría, que suscribe el Frente Amplio.
Actualmente está en el orden del día del plenario y se prevé que el Poder Ejecutivo lo convoque una vez que inicien las sesiones extraordinarias el próximo 1 de mayo.
Sólo se beneficiarán grandes empresas
Actualmente, el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) está compuesto por tres etapas: generación de electricidad, transmisión y distribución.
Hay ocho empresas que distribuyen la electricidad: dos del Estado, que son el ICE y la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL); dos municipales que son la ESPH y la Jasec; y cuatro cooperativas (Coopesantos, Coopeguanacaste, Coopelesca y CoopeAlfaro).
Pero el texto crea un mercado eléctrico mayorista de electricidad, a donde podrán ir a comprar y a firmar contratos generadores, distribuidoras y grandes consumidores, porque crea la figura del “gran consumidor de energía eléctrica”, que podrá ser una persona física o jurídica que será agente de ese mercado mayorista.
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A ese mercado mayorista podrán ir a comprar y a firmar contratos no sólo las distribuidoras, como es hoy en día, sino que también pueden ir los grandes consumidores, como las grandes empresas, que actualmente le compran al ICE y que ahora podrán firmar un contrato directo con una planta de generación privada.
Rubén Zamora, asesor legal de la Cedet, explicó que eso tiene dos efectos: primero, que le dejan de comprar al ICE, y eso implica una disminución de los ingresos de la institución; y segundo, que el ICE pierde ingresos por compra de energía barata a generadores privados y los costos fijos que tiene se trasladarán al resto de clientes.
“El proyecto de ley plantea que algunas grandes empresas tengan acceso a comprar energía al mercado mayorista de generación directamente, lo cual limitaría la posibilidad del ICE, la CNFL, las empresas municipales y las cooperativas de electrificación rural para seguir comprando esa energía a un costo menor. Ese planteamiento lo que genera es que el beneficio de la energía de un costo menor quede en unas pocas empresas en lugar de las más de dos millones de familias que las empresas distribuidoras abastecemos”, afirmó Zamora.
“Si el proyecto de ley no se corrige, a como está planteado, le va a bajar las tarifas únicamente a unas pocas grandes empresas y le va a subir las tarifas al resto de usuarios residenciales y comerciales”, agregó Zamora.
Erick Rojas, vicepresidente de la Cedet, también subrayó que si bien esta segunda versión del proyecto está mejor planteada, “aún se necesita que se corrijan algunos puntos como, por ejemplo, evitar una subida en las tarifas de miles de usuarios principalmente vecinos de zonas rurales”.
La Cedet también advirtió –al igual que lo han hecho otros legisladores y el Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa – que el proyecto de ley eliminaría el mandato de que la generación y la comercialización de electricidad sean servicios públicos, “con el fin de desvirtuar el papel esencial que tienen para la sociedad”.
La cámara denunció que esto se pretende hacer como una reforma tácita del artículo 5 de la Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) (Ley 7593), que establece que son un servicio público.
La Cedet citó un criterio emitido por el Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa el pasado 12 de marzo, que se refirió expresamente a este punto, haciendo ver que esa exclusión de la generación y comercialización “no es coincidente con la fundamentación” del proyecto y que: “El texto dictaminado requiere ser ajustado por presentar roces de legalidad y/o constitucionalidad, y de no enmendarse la propuesta no encontraría viabilidad para que se incorporé al ordenamiento jurídico”.
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