La Unión de Empleados del Banco de Costa Rica (UNEBANCO) expresó su rotunda oposición a la nueva propuesta de proyecto de ley que ha sido socializado en Asamblea Legislativa en días pasados sobre la venta del Banco de Costa Rica (BCR) y planteó diez razones esenciales por las cuales no se debe llevar adelante esta iniciativa y se debe enterrar definitivamente cualquier intento de poner en manos privadas este banco estatal.
En primer lugar, se debe recordar que el BCR funge como un promotor de la inclusión financiera, bancarización y la reducción de brechas geográficas y de género, al contar con sucursales en todas las zonas rurales del país.
Actualmente, el banco cuenta con 95 oficinas en la Gran Área Metropolitana (GAM) y fuera de ella un total de 44, mientras que el promedio de los bancos privados es solamente de ocho en zonas rurales.
“Estamos hablando de que, sin la banca pública en la zona rural, las personas, en promedio deberán recorrer en promedio 11 kilómetros de más, para realizar la misma transacción, según diversos instrumentos de uso de tiempo, afectando fuertemente a personas adultas mayores”, comentó Jonathan Blanco, secretario general de UNEBANCO.
Además, hay estudios que evidencian que los bancos estatales ofrecen mejores condiciones para sus clientes, de hecho, la diferencia entre los intereses que pagan los clientes de la banca pública con respecto a la que pagan en otras instituciones, como bancos privados, cooperativas, mutuales y financieras, fue de hasta 23% en el mes de marzo.
Al comparar las diferentes tasas de interés promedio de los bancos públicos, con las de otros entes del sistema financiero, se pudo determinar que la de los bancos públicos ronda el 9,79%, en los bancos privados llega a 14,20% y ahí se denotan los diferenciales.
Si se llegara vender el Banco de Costa Rica, todas las personas que tienen préstamos allí, tendrán que seguir manteniendo la deuda con el nuevo banco privado, pero en las condiciones de tasas de interés que tienen o trasladarla a otro ente financiero, asumiendo el costo.
En otros temas, el proyecto presentado para la venta del banco no es claro en cuanto al mecanismo de liquidación de los empleados, ya sea porque se desconoce el costo que significará para el Estado como empleador; no saben cuál es fundamento jurídico y la nueva base para hacer una transición de empleo público a privado, o que no tienen estimaciones de en cuánto se reduciría la planilla o cómo se dará la recontratación.
Pero como si fuera poco, obvia el gobierno que la iniciativa de ley es inconstitucional, pues de acuerdo con el artículo 189 de la Constitución Política, los bancos públicos son instituciones autónomas, de manera que una ley no puede transformarlas en sociedades anónimas, para ello, necesitarían cambiar la Constitución.
Y si aun así, insistieran en la venta, añadió Blanco, se reduciría la competencia en el mercado financiero, que ya de por sí, es casi oligopólico, pues actualmente tiene pocos participantes, los cuales cuentan con un enorme poder de mercado, es poco profundo y con una información asimétrica.
“Es evidente lo poco competido del mercado financiero, debido a que, aunque se ha reducido la concentración, no hay una verdadera traducción en mejores tasas de interés, dado que, los bancos han tenido pérdidas cada vez mayores relacionadas con los préstamos morosos, y eso demuestra que existe una práctica de trasladar los costos a la gente”, señaló Omar Rodríguez, secretario adjunto del sindicato.
Y justamente, ese comportamiento de concentración se puede profundizar de pasar de manos la institución, generando un riesgo sistémico, otorgando una concentración excesiva a los agentes privados.
Tomando en cuenta que el BCR aporta al impuesto sobre la Renta, genera ahorros con sus tasas de interés, ofrece servicios de Banca para el Desarrollo y es un aliado de la bancarización regional, el costo asociado a estos aportes podría resultar en ¢1.467.287 millones.
“Eso implica que el monto de $1.800 millones, alrededor del cual se ha discutido el valor del banco, representa, como mínimo (por metodología de costo social de oportunidad) una infravaloración de al menos un 62%, equivalente a $1.130 millones, lo que ayuda en poco o en nada a mantener un proceso de consolidación de la ruta fiscal pero sí que perdemos un activo incidente para reducir brechas”.
Más cuentas negativas
Hoy día, el BCR posee en inversiones en bonos del gobierno, tiene colocaciones de ¢500 mil millones; lo que representa más de un 52% de la cartera total de inversiones del Banco, adicional a que la banca pública en general es tenedora de ¢560 mil millones como deuda interna bonificada del Banco Central de Costa Rica, al mes de febrero de 2024.
Todas estas inversiones pasarían a manos privadas, concentrando estos vehículos en deuda bonificada privada, presionando el componente de tasas de interés que debe pagar el Estado.
“Estimamos que se dejará de percibir el 68% (incluyendo impuestos) de las ganancias del banco, las cuales se destinan a programas e instituciones específicas que benefician la sociedad directamente, reducen las desigualdades y brechas como las becas estudiantiles, el fomento de la economía social, el fondo de emergencias, las pensiones, los ingresos fiscales y la banca para el desarrollo, así como las PYMES, y que asciende a unos ¢156 mil millones anuales”, concluyó Blanco.
