Pobladores y sindicatos solicitan al Gobierno declarar “emergencia hídrica” en más de 16 comunidades

Pobladores, dirigentes sindicales, integrantes de organizaciones sociales y estudiosos solicitaron al presidente de la República, Rodrigo Chaves, emitir un decreto de “emergencia hídrica y ambiental”, debido a “la crisis de acceso al agua potable” y el “desabastecimiento y la contaminación en las zonas de captación”, todo lo cual limita el derecho de las personas de acceso al recurso hídrico.

Las personas y grupos organizados solicitan que se declare esta emergencia para las comunidades del Valle Central (Zapote, Desamparados, Goicoechea, Coronado, Carpio, Hatillo, Paso Ancho, San Sebastián, San Pedro Montes de Oca, Alajuelita, Moravia, y Pavas), en los cantones de San Vito de Coto Brus, San Ramón y cantón central de Alajuela; así como en las zonas de captación de las faldas del volcán Irazú y en los cantones de Siquirres, Guápiles y Cariari.

Con esta declaratoria, quieren que se priorice de forma inmediata la inversión en infraestructura y mantenimiento para garantizar que las comunidades actualmente vulneradas cuenten con el servicio pleno, según el artículo 50 de la Constitución Política.

La petición surgió de un foro, realizado el pasado sábado, organizado por la Central General de Trabajadores (CGT), la Confederación Costarricense de Trabajadores Democráticos (CCTD) y la Confederación Unitaria de Trabajadores (CUT).

En él participaron integrantes de organizaciones sociales, sindicatos, y grupos organizados de comunidades afectadas por la falta de servicios de agua potable.

Entre los expositores estuvieron la diputada del Frente Amplio, Sofía Guillén; el biólogo Freddy Pacheco; Mario Rodríguez, secretario general del Sindicato de Trabajadores del Instituto de Acueductos y Alcantarillados (Sitraa); y  el biólogo Guido Barrientos.

Más del 70% del abastecimiento proviene de acuíferos

Primero, el grupo manifestó que las declaraciones del presidente ejecutivo de Acueductos y Alcantarillados (AyA), Juan Manuel Quesada, del 23 de abril eran desafortunadas e incompetentes. Ese día Quesada dijo que era imposible garantizar agua 24/7 a las comunidades.

El grupo citó un reciente informe de la Contraloría General de la República (CGR), que indicó que sólo el 1,6% de los distritos con mayor condición de vulnerabilidad del país, según el Índice de Desarrollo Social de 2023, tienen inversiones programadas en saneamiento y sólo el 16,7% en agua potable. La CGR concluyó que sólo el 41,6% de los distritos identificados como más vulnerables según el Índice de Vulnerabilidad Comunitaria al Agua Potable del AyA de 2021, tienen inversión programada.

También manifestaron que es imprescindible aplicar la matriz hídrica para proteger las aguas subterráneas, ya que más del 70% del abastecimiento de agua potable proviene de acuíferos subterráneos. La matriz es un mecanismo elaborado por profesionales del Servicio Nacional de Riego y Avenamiento (Senara), los ministerios de Ambiente y Energía (Minae), Salud, Agricultura y Ganadería (MAG), Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) y AyA.

Lo que hace la matriz es que establece las actividades a desarrollar en la superficie, según la vulnerabilidad de los acuíferos, su localización, el espesor de las capas geológicas y la profundidad del agua.

Asimismo, el grupo plantea que “el crecimiento territorial desordenado y la gentrificación de algunos territorios pone en riesgo la protección de las zonas de recarga acuífera y la distribución equitativa y sostenible del recurso hídrico”. Cita el Informe del Estado de la Nación 2023, que dice que 11 cantones de la Gran Área Metropolitana (GAM) no tienen Plan Regulador Cantonal; y que la mayoría de los cantones de Heredia y el cantón de Poás no tienen este plan e incluyen las zonas de recarga de los acuíferos más importantes del país.

El grupo enfatiza que los pobladores de zonas afectadas han realizado manifestaciones solicitando soluciones prontas y cumplidas y que muchas de estas comunidades siguen reportando disminución o ausencia total del servicio de agua potable.

Además, como argumentan, el artículo 50 de la Constitución Política establece que “toda persona tiene el derecho humano, básico e irrenunciable de acceso al agua potable, como bien esencial para la vida” y que “su uso, protección, sostenibilidad, conservación y explotación se regirá por lo que establezca la ley que se creará para estos efectos y tendrá prioridad el abastecimiento de agua potable para consumo de las personas y las poblaciones”.

Por último, el grupo advierte que el artículo 140 de la Constitución Política faculta al Poder Ejecutivo a adoptar y generar medidas de salvaguarda inmediatas cuando tales bienes jurídicos, como la vida y la salud, están en amenaza o peligro.

Mario Rodríguez, secretario general del Sitraa, informó que a partir de hoy se recolectarán firmas que apoyen la solicitud, en las oficinas del sindicato, ubicado en las instalaciones del AyA en Paseo de los Estudiantes, de 9am a 2pm.