Mediante un comunicado que no mencionó directamente el caso Madre Patria, la Asociación Costarricense de la Judicatura (Acojud) insistió en denunciar “el debilitamiento estructural constante al Poder Judicial desde las reformas legales, impulsadas desde el Ejecutivo, aprobadas en la Asamblea Legislativa y con refrendo constitucional y pasividad de Corte Plena”.
Además, hizo un llamado a que “a lo interno, el coraje, estrategia y verdadera convicción de defensa institucional son necesarios desde el gobierno judicial como cabeza de la Corte Plena, la cual debe plantearse la redefinición de políticas de gestión administrativa que garanticen la efectividad con idoneidad y que promueva una política pública de fortalecimiento institucional no solo presupuestaria, para que el Poder Judicial siga siendo un pilar efectivo de la democracia”.
Pero esa asociación insistió en hacer un llamado de atención sobre “el riesgo de las graves consecuencias para Costa Rica, fue simplemente desoído y no se gestionó de forma adecuada frente a la creciente criminalidad organizada, que pretende como regla en el contexto de los países donde se instala, cooptar los Poderes Judiciales para evitar los frenos mediante su actuación y la aplicación imparcial de la ley”.
Sin embargo rescató que el procedimiento de reclutamiento de jueces y juezas “se mantiene como uno de los más rigurosos procesos que hay en la administración pública”; a pesar de que “tal como lo indica el Cuarto Informe del Estado de la Justicia, debe ser especialmente revisado en la fase del nombramiento final que realiza Corte Plena y el Consejo Superior”.
Recientemente UNIVERSIDAD publicó denuncias de jueces que alegan ser sistemáticamente descartados en esos procesos, a pesar de contar con las mejores notas.
Jueces denuncian exclusión en nombramientos por favoritismos “a dedo” en Corte Plena
El juez penal José Asdrúbal Quirós reclamó haber sido el candidato mejor calificado en una decena de procesos de selección, a pesar de lo cual siempre se seleccionó a otras personas.
Acojud subrayó que “la inmensa mayoría de jueces y juezas son funcionarios y funcionarias con alto grado de probidad, ética en la función pública y defensores de la independencia judicial, pese a la política de precarización estructural ejecutada en los últimos 7 años”.
Por ello, esa organización celebró que la Fiscalía y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) cuentan con “independencia funcional, con el control legal, constitucional y de Derechos Humanos desde la judicatura, garantizando un sistema de pesos y contrapesos y autocorrección en el Poder judicial”.
Ese sistema, según se aseguró, resulta en la detección, investigación y enjuiciamiento de “actos indebidos y/o de corrupción, tal como ha sucedido y se seguirá realizando a lo interno de la institución, para el resguardo de su integridad e independencia judicial”.
Al mismo tiempo, se planteó si el país en este momento requiere de mayores controles para combatir la corrupción en el Poder Judicial, para lo cual “son válidas las estrategias de blindaje a la Justicia, siempre que sean acordes con el Estado de Derecho que se intenta proteger, trazando claras líneas y diferencias procedimentales y legales entre investigación de actuaciones delictivas, faltas administrativas o conflictos de interés, guardando la prudencia y evitando la tentación de posiciones desproporcionadas que no mejoran las condiciones orgánicas del Judicial”.
El pronunciamiento de Acojud no dejó de interpelar a las más altas autoridades del Poder Judicial, señaló que “el coraje, estrategia y verdadera convicción de defensa institucional son necesarios desde el gobierno judicial en cabeza de la Corte Plena”.
Precisamente a los magistrados y magistradas de la Corte Plenas, se les dijo que se debe plantear una “redefinición de políticas de gestión administrativa que garanticen la efectividad con idoneidad y que promueva una política pública de fortalecimiento institucional”.
Ese fortalecimiento o debe ser únicamente presupuestario, en aras de que el Poder Judicial siga “siendo un pilar efectivo de la democracia, mediante la aplicación de la legalidad constitucional, por una jurisdicción independiente que, a su vez, para serlo, debe poder operar al margen de la política y, eventualmente, contra ella cuando incurra en ilegalidad”.
Así, la Asociación de la Judicatura subrayó que “el ejemplo comienza desde el gobierno judicial”, al cual reclamó el incumplimiento de “los compromisos asumidos ante la sociedad” sobre la revisión de reformas internas luego del caso “Cementazo”.
Además se señaló la “gran responsabilidad” del Poder Legislativo “en la modernización de la legislación para enfrentar el crimen organizado”, para lo cual la Acojud ofreció ayuda.
