La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) solicitó a la Fiscalía de Probidad, Transparencia del Ministerio Público, que suspenda de todos los cargos que ocupa Rocío Aguilar en el sistema financiero, tal es el caso de su puesto como Superintendente de Entidades Financieras (Sugef), Superintendente de Pensiones (Supen) y miembro del Consejo Nacional de Supervisión de Sistema Financiero (CONASSIF).
Asimismo, indicó Albino Vargas, secretario general de ANEP, pidieron la suspensión de los demás miembros del CONASSIF, pues considera que se encuentran en una posición estratégica y hay demasiadas investigaciones en curso por irregularidades.
“Nos preocupa que Aguilar tiene que ver con el caso de Aldesa, en la situación de la caída de los rendimientos de los fondos de pensiones del ROP que se invirtieron en el exterior y ahora con Coopeservidores y otras incongruencias que creemos que es peligroso que continúe en ese alto cargo del sistema financiero”, detalló Vargas.
Indicaron los denunciantes que Rocío Aguilar Montoya posee antecedentes directivos en Aldesa, ocupó cargos directivos del grupo empresarial como directora de la Junta Directiva de Corporación Aldesa y miembro de Comité de Inversión de Aldesa. “Por estas razones, presumimos, que existe un conflicto de intereses en un caso donde la información que se emane de los órganos de supervisión financiero será determinante para el resultado final de un asunto de enorme trascendencia nacional y en el cual ella está encartada de manera directa”.
Con respecto a los fondos de pensiones del Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP), ANEP argumentó en su denuncia que las pérdidas en el ROP , en 2022, se deben a decisiones de inversión en el extranjero que excedieron los límites legales debido a que, a inicios de septiembre de 2021, bajo supervisión de Rocío Aguilar Montoya, las operadoras de pensiones “intensificaron” inversión internacional “, a partir de la segunda mitad del 2020.
“Las operadoras de pensiones arriesgan el dinero de las pensiones de las personas y generan pérdidas de los rendimientos, pero mantienen el cobro de la comisión. Rocío Aguilar Montoya defiende este cobro”.
En la solicitud presentada ante la Fiscalía, ANEP manifestó que cualquier posible acto de falta de ética en estas instituciones o eventual corrupción, podría tener graves repercusiones en la estabilidad económica de los trabajadores del sector público y privado, así como en la confianza que tienen en las entidades financieras.
Señalaron en la misiva que hay un caso de investigación, desde el 21 de abril del 2023, cuando la gerente del Banco Central de Costa Rica la denunció por el presunto delito de desobediencia a la autoridad, relacionado con la falta de entrega de información solicitada por la junta directiva del BCCR, para tener acceso a datos integrales de todas las operaciones de crédito.
También existe una investigación ante la Fiscalía de Probidad por la supuesta designación legal de una jefatura en la División de Planificación y Normativa de la Supen.
Y recientemente, la misma Fiscalía abrió una causa para investigar las actuaciones del CONASSIF y la Sugef por el caso de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de los Servidores Públicos (antes Coopeservidores), siendo que Aguilar es la responsable de la supervisión del sistema financiero y que ya existían advertencias de la que la cartera de crédito de dicha cooperativa se había reducido en ¢14.050 millones entre 2009 y 2016.
“Dados todos estos elementos, presuntamente, Rocío Aguilar incumplió con sus deberes y faltó a su deber de probidad por inacción, ya que no actuó de forma oportuna y diligente. Según nos indican especialista, se está erosionando la confianza en el sistema financiero, golpeando a los pequeños ahorrantes, trabajadores pensionados y a las clases asalariadas del sector público”, concluyó Vargas.
