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Sindicato pide investigar adjudicación millonaria de servicios de salud a tres cooperativas y una asociación por presuntas irregularidades

El sábado 6 de julio, la Junta Directiva de la CCSS acordó la adjudicación de 10 áreas de salud por un monto mensual de ₡3.929.628.164.72 durante un período de 10 años.

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) pidió a la Contraloría General de la República investigar la adjudicación por más de ₡470 mil millones realizada por la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) a tres cooperativas y una asociación por presuntas irregularidades.

“Se proceda de conformidad con la urgencia del caso y se valoren las acciones que sean oportunas para detener lo que consideramos un acto administrativo presuntamente colmado de serias nulidades e ilegalidades”, se lee en el oficio S.G. 21-25-2993-24 enviado por la ANEP a la contralora general de la República, Marta Acosta.

La solicitud del Sindicato se da luego de la adjudicación realizada a terceros por el  máximo órgano de la CCSS el pasado sábado 6 de julio, para así administrar las Áreas de Salud de Barva y San Pablo, en Heredia; Escazú, Santa Ana, San Francisco, Carpio-Leon XIII, San Sebastián-Paso Ancho, Pavas, Desamparados II y Tibás, en San José, las cuales ofrecen atención médica a 600.000 personas, y que actualmente son administradas por estos mismos proveedores.

En el oficio, la ANEP relató a la CGR diferentes decisiones tomadas por la Junta Directiva en el marco de las discusiones de esta licitación. 

El Sindicato, por ejemplo, resaltó al órgano contralor un criterio técnico enviado por la directora de la Red de Servicios de Salud de la CCSS, Karla Solano, al gerente médico a.i. de la institución, Alexánder Sánchez, el pasado 19 de junio del 2024.

En el oficio  DRSS-AGAST-0311-2024, Solano resaltó un debilitamiento del cartel por parte de directivos de la CCSS (aunque no especificó los nombres), quienes hicieron solicitudes de manera informal. Entre los cambios se encuentran “dejar a la libre los perfiles administrativos, la extensión del plazo de contratación a diez años, así como eliminar requerimientos institucionales en materia de infraestructura y equipamiento, disminución en el monto de la garantía de cumplimiento y la potestad del oferente de consolidar los procesos en casos de ser adjudicado con más de una partida”.

Este nuevo cartel o pliego de condiciones fue elaborado luego de que los directivos aprobaran, el 20 de marzo del año anterior en la sesión 9.320, dejar sin efecto la licitación anterior, la cual había recibido un sinnúmero de objeciones por parte de la CGR. 

Esta información que fue publicada por UNIVERSIDAD, luego fue contrariada por la misma Solano, quien en un derecho de respuesta a este medio de comunicación dijo: “Es importante destacar que el proceso de licitación mencionado en la noticia se ha llevado a cabo con estricto apego a la normativa y con supervisión correspondiente de un equipo técnico interdisciplinario. La licitación 2023LY-000002-0001101142 fue objeto de una evaluación integral que procura garantizar la transparencia y la correcta adjudicación de servicios”.  

Asimismo, la ANEP indicó a la CGR que la directora de la Dirección de Proyección de Servicios de Salud de la CCSS, Marielos Gutiérrez, remitió a la Gerencia Médica el 3 de julio un informe denominado “Análisis cuantitativo para la gestión de las Áreas de Salud contratadas a terceros”, el cual se encuentra “al margen de todo el procedimiento de Licitación Mayor, además de las competencias y facultades definidas para este caso en particular”.

“Debe tenerse en consideración, pues no parece ser un elemento menor, que la Dirección de Proyección de Servicios de Salud, al parecer no es una unidad competente en materia financiera, por lo que podríamos estar ante un hecho de presunto abuso de su potestad, inclusive pareciera se brinca la Gerencia Médica y remite directamente a Junta Directiva un criterio particular, que es acogido para desestimar estudios serios que buscan proteger el patrimonio institucional. Sin ser expertos en materia financiera, ¿cómo justifica la Ingeniera Gutiérrez Brenes, los incrementos anuales superiores a un 100% que se traducen en más de 20 mil millones y más de 200 mil millones. ¿Ella los va a pagar con esa Junta Directiva irresponsable?”, indicó la ANEP.

Sobre este punto, la ANEP solicitó a la CGR determinar “si el acto administrativo ejecutado por la funcionaria Ingeniera Marielos Gutiérrez Brenes y demás funcionarios y funcionarias vinculados, de apartarse de los criterios técnicos precedentes que establecieron según parece la existencia de sobreprecios, está a derecho y si la Dirección que tiene a cargo la funcionaria supra ostenta la potestad administrativa y técnica, que le permitió a la Junta Directiva de la CCSS, adjudicar la licitación de rito”.

En la solicitud de intervención, el Sindicato indicó también que el 04 de junio 2024, se realizó el Taller: Tema de Cooperativas, con miembros de la Junta Directiva y gerencias;  y que dos días después, este máximo órgano recibió “según parece en ‘off’, sin grabación, ni formalidad a la Cámara Costarricense de Salud, acompañada por las Cooperativas y la Asociación interesada en mantenerse como proveedores de las 10 de áreas de salud, escucharon las propuestas y los argumentos. Además, según parece, el Máximo Órgano institucional solicitó descuentos”.

UNIVERSIDAD consultó sobre este tema a la CCSS el pasado 14 de junio. En esa oportunidad, la jefa de despacho de la Presidencia Ejecutiva de la CCSS, Laura Ávila, contestó que “al respecto de esta presunta reunión, en agenda llevada por este despacho no consta que se haya calendarizado ni que se haya gestionado ni organizado ni que se haya participado en la misma”.

El Sindicato pidió también al ente contralor una investigación “exhaustiva” contra diferentes funcionarios públicos y miembros de la Junta Directiva de la CCSS relacionados con esta adjudicación, específicamente contra la presidenta ejecutiva de la CCSS, Martha Eugenia Esquivel y los directivos María Isabel Camareno, Jorge Porras, Zeirith Rojas, Jhonny Gómez y Jorge Araya Chaves. A ellos se suman la directora de Proyección de Servicios de Salud, Marielos Gutiérrez, el asesor de la Gerencia Médica, Arturo Herrera y la Directora de Red de Servicios de Salud, Karla Solano.

“Finalmente, se valore el traslado de la presente denuncia ante las instancias judiciales pertinentes a efecto de resguardar los recursos del erario público”, se lee en la última petición del Sindicato.

UNIVERSIDAD solicitó a la CCSS una reacción ante la solicitud a la CGR realizada por la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados; sin embargo, al cierre de edición, no se obtuvo respuesta.

Abren investigación

El pasado 10 de julio, la CGR informó que abrió una investigación contra la Caja luego de que la ANEP denunciara a mediados del mes de mayo la supuesta pretensión de directivos de modificar informes técnicos para presuntamente favorecer a las cooperativas. 

Así lo comunicó la CGR al denunciante este 10 de julio mediante el oficio DFOE-DEC-3831.

“Se le informa que su gestión se pasa a la etapa de investigación por parte de este órgano contralor, y lo resuelto sobre el particular, se le comunicará oportunamente”, se lee en el oficio.

La denuncia del Sindicato se presentó luego de que cuatro directivos de la CCSS presentaran una moción para apartar a la Junta Directiva de un criterio técnico de razonabilidad de precios, emitido por el Área de Costos de dicha institución, relacionado con la Licitación Mayor 2023LY-000002-0001101142, denominada “Prestación de los Servicios Integrales de Salud en un primer nivel de Atención, para 10 Áreas de Salud”. 

Específicamente, la ANEP solicitó ordenar una investigación sobre los resultados de esta compra que, en su criterio, tiene “presuntos elementos y debilidades expuestas en los precios”. Esto eventualmente significaría pagar ¢210 mil millones de más del bolsillo de los costarricenses.

“Debe vigilarse estos actos que podrían ser vistos como poco transparentes y con intenciones de favorecer a proveedores”, señaló la ANEP en su denuncia.

El Sindicato solicitó también investigar y fiscalizar el actuar de un equipo técnico intergerencial que fue articulado por la Junta Directiva para “validar” o “evaluar” al ente técnico institucional que elaboró el criterio técnico que arrojó excesivos precios en las ofertas.

Este equipo técnico intergerencial precisamente en el mes de junio respaldó el análisis anterior realizado por el Área de Contabilidad de Costos, indicando que el mismo se hizo bajo los principios lógicos que se deben cumplir para su elaboración. 

La ANEP también solicitó analizar si los precios que estaría cancelando la CCSS superan los costos actuales que se reconocen con servicios internos.

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