La Asociación Costarricense de la Judicatura (Acojud) reaccionó con evidente enojo a la decisión de Corte Plena de rechazar su gestión para que al funcionariado judicial se le reconociera un aumento salarial por aumento de costo de vida correspondiente al año 2021.
Fue en la sesión de Corte Plena del pasado lunes 15 de julio que en menos de siete minutos el tema fue visto y se decidió el rechazo de la gestión de Acojud, que había contado con el apoyo del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras del Poder Judicial (Sitrajud).
Según se explica mediante un comunicado, desde el 29 de enero la Acojud envió a Corte Plena una solicitud de “revisión y aprobación” de aumento salarial por costo de vida del año 2021, “con base en la autorización del marco legal de la Ley 9635 -escenario C para aplicación de regla fiscal-, artículo 9 de la ley 8131 -Ley de Administración Financiera de la República-, decreto 42286-MTSS-MH-MIDEPLAN”; además de “las evidentes y peligrosas condiciones de desmejora del salario en los últimos seis años en la institución”.
Incluso “por la trascendencia del tema y la importancia de su discusión y corrección”, la gestión incluyó una solicitud de audiencia ante Corte Plena, “para abundar las argumentaciones jurídicas y de necesidad de la solicitud”.
Sin embargo, tal audiencia no se concedió y como se dijo el tema se vio en la sesión del pasado lunes y el tema se vio a partir de una breve exposición de menos de seis minutos de Olga Guerrero subdirectora de Gestión Humana.
Guerrero hizo lectura de un informe que citó la misma normativa anotada en un criterio de la Dirección Jurídica visto en el Consejo Superior sobre el mismo tema de reconocimiento de aumentos salariales. Ese criterio señaló que la Ley de Salarios del Poder Judicial “exige que el Poder Judicial deberá acogerse para efectos de los reajustes de salarios por aumentos de costo de vida a los que decreten para las personas servidoras públicas el resto del sector público”. Además también citó la Ley de fortalecimiento de las finanzas públicas.
Guerrero señaló como conclusión que “en este caso particular no tenemos un decreto que nos indique que tengamos que hacer un incremento por costo de vida, razón por la cual la Dirección no podría acoger la solicitud de doña Adriana Orocú (presidenta de Acojud) a menos de que la Corte pues decida algo en contra”.
Respecto al informe leído por Guerrero, la Acojud reclamó en primer lugar que no se le dio audiencia, pero también que “a pesar del trascendental tema de discusión para toda la población judicial que se ha visto gravemente afectada, ninguna persona magistrada se refirió al mismo ni a los alegatos de la solicitud, por lo que la presidencia de la Corte, solamente indicó que se rechazaba la gestión, ante ninguna objeción o duda sobre el asunto”.
La Asociación de la Judicatura reclamó al mismo tiempo que ello “se gesta sin reparar en las consecuencias evidentes para el Poder Judicial, sin votación expresa”.
Reclamó además que Corte Plena aprobó “la disminución de las condiciones de carrera judicial que obligan a los y las miembros de la Judicatura, a aceptar una movilidad arbitraria y consentir traslados de lugar de trabajo, solo a expensas de un criterio técnico administrativo”.
Se reclamó que ese criterio administrativo “ implica que esos traslados debido al desplazamiento a cualquier parte del país, van a generar mayores gastos personales y familiares, con un salario congelado desde hace casi seis años y sin posibilidad de crecimiento en casi dos décadas, en razón de la implementación de salario global”.
Así, la Acojud anunció que interpondrá un recurso de reconsideración, ante “la ligereza en la decisión, sin la menor discusión del entorno ya conocido en que está inmerso el Poder Judicial y sin que al menos se nos concediera la audiencia solicitada”, lo cual “ni siquiera fue puesto a discusión”.
