La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) solicitó este lunes ante el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda una medida cautelar con el fin de suspender la adjudicación hecha por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) a tres cooperativas y una asociación para administrar 10 áreas de salud y 138 ebais.
Así lo confirmó el abogado Rodrigo Rosales, del Bufete Rosales & Asociados, quien es el director jurídico del proceso.
“La pretensión que se busca con la medida cautelar es la suspensión de la adjudicación de los ebais en virtud de la urgencia y de la gravedad que implica esa resolución tomada por la Junta Directiva de la CCSS. Por el gran riesgo de carácter económico es que se les está pidiendo al Tribunal Contencioso la suspensión de dicha adjudicación”, indicó Rosales en relación a sobreprecios de más de ¢170 mil millones en las ofertas.
Esta solicitud de la ANEP se da luego de que el pasado 6 de julio, la Junta Directiva de la CCSS tomara la decisión de adjudicar las áreas de salud de Barva, San Pablo, Escazú, Santa Ana, San Francisco, Carpio-Leon XIII, San Sebastián-Paso Ancho, Pavas, Desamparados II y Tibás a Coopesana R.L., Coopesain R.L., Coopesalud R.L. y Asemeco por un monto de ¢470 mil millones.
Esta adjudicación se dio pese a las advertencias tanto de la Junta de Adquisiciones como de la Gerencia Financiera de la CCSS, instancias que recomendaron a los directivos declarar la compra infructuosa, debido a los excesivos precios ofertados.
En esta adjudicación, según la ANEP, se han identificado aparentes irregularidades tales como sobreprecios, posible daño a la Hacienda Pública y Seguridad Social, tráfico de influencias, así como decisiones sin quórum y recomendaciones ignoradas.
Este mismo sindicato, denunció ante la Contraloría General de la República (CGR) meses atrás la supuesta pretensión de directivos de modificar informes técnicos para, presuntamente, favorecer a las cooperativas.
Esto hizo que la CGR abriera una investigación contra la CCSS a inicios del mes de julio sobre este tema.
Asimismo, el pasado 12 de julio la ANEP pidió al mismo órgano contralor investigar la adjudicación por presuntas irregularidades.
Polémica adjudicación
Actualmente la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción mantiene abierta una investigación sobre este caso, luego de que la misma Auditoría Interna de la CCSS lo solicitara el pasado 10 de julio, según reveló este Semanario.
En el oficio, la Auditoría Interna de la CCSS enumeró uno a uno los hechos que UNIVERSIDAD ha divulgado en los últimos meses. Entre ellos, los estudios de costos realizados por dependencias de la CCSS que demostraron precios excesivos en las ofertas de las cooperativas, un “debilitamiento” en el cartel de licitación (según hizo constar una funcionaria de la institución en un informe), así como un análisis cuantitativo para la gestión de las áreas de salud contratadas a terceros realizado por la Dirección de Proyección de Servicios de Salud, el cual fue solicitado por la presidenta ejecutiva.
En la la denuncia se encuentran mencionados la presidenta ejecutiva de la CCSS, Marta Esquivel, así como directivos y exdirectivos de la institución como María Isabel Camareno, Roberto Quirós, Juan Ignacio Monge y las funcionarias Karla Solano y María de los Ángeles Gutiérrez, entre otros.
Sobre este mismo caso, el pasado 7 de agosto, el Sindicato Nacional de Enfermería y Afines (Sinae Afines) presentó una denuncia penal contra Esquivel y Gutiérrez por los presuntos delitos de malversación de fondos y tráfico de influencias.
