Organizaciones locales y ambientales de Cóbano interpusieron un recurso de amparo ante la Sala Constitucional contra la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena), por otorgar la viabilidad ambiental a la empresa Constructora Herrera S.A. para un proyecto de extracción de material del cauce del río Ario, ubicado en la Península de Nicoya.
La Setena otorgó la viabilidad ambiental mediante la resolución número 1078-2023-SETENA. Aún está pendiente que la Dirección de Geología y Minas otorgue la concesión de explotación.
De acuerdo con la resolución, el proyecto consiste en la extracción de materiales áridos en una sección del río Ario, utilizando el método de extracción de tipo laminar con ayuda de maquinaria móvil, la cual genera un “barrido” de materiales acumulados en el cauce.
La viabilidad ambiental fue otorgada el 19 de julio y está firmada por el secretario general de la Setena, Ulises Álvarez Acosta, en representación de la comisión plenaria. Además, la inspección al área del proyecto la realizó Kenner Quirós Brenes, del Departamento de Evaluación Ambiental de la Setena.
Álvarez fue suspendido del cargo el pasado 24 de junio, junto con los funcionarios Kenner Quirós y Magda Gutiérrez Durán, como parte del Caso Comején. En este caso, la Setena está siendo investigada por la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) por supuesta corrupción en el otorgamiento de permisos de viabilidad ambiental. Específicamente se investigan los delitos de tráfico de influencias, cohecho propio e impropio, y penalidad del corruptor.
Impacto ambiental a largo plazo
El recurso de amparo fue interpuesto el pasado 30 de julio por la Alianza Comunitaria para el Ordenamiento Territorial (ACOT), conformada por diversas organizaciones locales y ambientales de la zona, y aún no se le ha dado trámite, se informó.
Los grupos de la zona explicaron que el río Ario, ubicado a 240 metros del Refugio de Vida Silvestre Caleta-Ario, es un ecosistema de vital importancia biológica y ecológica, que forma parte del Corredor Biológico Peninsular. Agregaron que dicho Corredor “conecta las áreas protegidas de la Península de Nicoya y es crucial para la conservación de cuatro especies de tortugas marinas en peligro de extinción, así como para la preservación de manglares, estuarios y una rica biodiversidad terrestre y marina”.
Las organizaciones argumentaron que el barrido del suelo del cauce del río para la extracción de material “amenaza este frágil ecosistema, poniendo en riesgo no solo la vida silvestre, sino también el recurso hídrico que abastece de agua potable a las comunidades locales de Bajos de Ario, Manzanillo, Bello Horizonte, Playa Hemosa, Santa Teresa y Malpaís”.
ACOT informó que desde el 27 de diciembre del 2023, organizaciones comunales de Cóbano realizaron una petición con 2.150 firmas, expresando su oposición a la amenaza de minería de extracción en el cauce del río. También mencionó que la Setena desestimó las gestiones presentadas por ACOT y la denuncia de la Asociación de Desarrollo Integral (ADI) de San Ramón de Ario ante la Fiscalía.
De acuerdo con ACOT, preocupa que la decisión de la Setena se basara principalmente en declaraciones del gerente ambiental contratado por la empresa, sin considerar estudios exhaustivos sobre el impacto real, ni realizar consultas con las comunidades.
Según un análisis realizado por el componente de Geografía y Diálogo de Saberes del Programa de Kioscos Socioambientales de la Universidad de Costa Rica (UCR), existen ocho concesiones otorgadas en el río Ario, cuatro de ellas al Concejo Municipal del distrito de Cóbano.
