La Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social (Undeca) solicita al Consejo de Gobierno investigar a la presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), Marta Esquivel, por no tomar en cuenta informes técnicos, financieros y legales realizados por diversas instancias de la institución, que señalaban aumentos excesivos de costos en la adjudicación de la administración de diez áreas de salud.
Se trata de la licitación 2023LY-000002-0001101142, denominada “Prestación de los Servicios Integrales de Salud en un primer nivel de Atención, para 10 Áreas de Salud”. El contrato se le otorgó a cuatro cooperativas y una asociación, a pesar de que un grupo de técnicos del Área de Contabilidad de Costos de la Gerencia Financiera de la CCSS elaboró un informe que arrojó un aumento excesivo del costo que pretenden cobrar las entidades interesadas, con un crecimiento en los pagos, con respecto a los contratos anteriores, de ₡210.820 millones de más en diez años, plazo que duraría el contrato.
“Undeca demanda que se investigue la licitación y las acciones, tanto de directores, como la participación de las cooperativas y la Clínica Bíblica, cuyo monto anual de ofertas equivalen a un 65% de incremento en relación con el pago del 2023, en este monopolio privatizador de servicios en la CCSS”, señala en el mensaje el sindicato.
También se solicita la apertura de un procedimiento administrativo contra María Isabel Camareno y Jorge Porras, representantes del Estado en la Junta Directiva de la CCSS, para determinar su responsabilidad en el otorgamiento del contrato.
En la misma solicitud, el sindicato agrega que “no existen elementos razonables que justifiquen que los representantes del Estado se hayan apartado de los criterios técnicos”.
Según el comunicado emitido por Undeca, la compra de servicios de 10 Áreas de Salud se repartió entre 4 cooperativas (3 a Coopesana, 2 a Coopesalud, 2 a Coopesiba, 1 a Coopesain) y 2 a Asemeco.
Del mismo modo, la organización sindical señala que al momento de la aprobación de la contratación “el Consejo de Gobierno con tan solo un informe verbal de la señora Marta Esquivel, ordenó la apertura de un ilegitimo procedimiento contra 5 directivos, cambiando indebidamente toda la conformación de la Junta Directiva”.
Este caso se encuentra en investigación por parte de la Contraloría General de la República (CGR), luego de que la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) denunciara el pasado 15 de mayo la supuesta pretensión de directivos de modificar informes técnicos para presuntamente favorecer a las cooperativas.
La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción del Ministerio Público también tiene una investigación abierta en relación con esta contratación.
UNIVERSIDAD reveló que la directora de la Red de Servicios de Salud de la CCSS, Karla Solano, denunció que el cartel de licitación (2023LY-000002-0001101142) para la adjudicación de las diez áreas de salud fue debilitado por miembros de la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social. Según Solano, los cambios en el cartel, que incluían dejar a la libre los perfiles administrativos, la extensión del plazo de contratación a diez años y la eliminación de requerimientos institucionales en materia de infraestructura y equipamiento, fueron solicitados de manera informal por parte de directivos de la CCSS.
Las diez áreas de salud que comprende este contrato son las de Barva y San Pablo, en Heredia; Escazú, Santa Ana, San Francisco, Carpio-Leon XIII, San Sebastián-Paso Ancho, Pavas, Desamparados II y Tibás, en San José, las cuales ofrecen atención médica a 600 mil personas.
