Organizaciones sociales y productivas agrupadas en la Mesa Nacional de Diálogo, junto a otros sectores, apuntan ahora hacia la Asamblea Legislativa para sea la que garantice el cumplimiento de destinar el 8% del producto interno bruto (PIB) a la educación pública del país con la movilización de este miércoles 28 de agosto en San José y la del 29 de este mes en las regiones del país. Esto debido a la negativa por parte del Poder Ejecutivo de no otorgar ese porcentaje destinado a la enseñanza pública y más recientemente de no llegar a un acuerdo que definiera los recursos para el Fondo Especial para la Educación (FEES), el cual también quedará en manos de los diputados.
El anuncio lo hicieron a los medios de comunicación a una conferencia de prensa para detallar la Movilización Nacional por la Educación Pública y la Agenda Social de Costa Rica. Este evento se llevó a cabo con el objetivo de comunicar las acciones que se realizarán en todo el país en esos dos días.
Durante la conferencia, se destacó la importancia de reactivar el Pacto Nacional por la Educación Pública. “Ante la crisis educativa más preocupante de los últimos 40 años, demandamos que se respete lo propuesto para la educación pública, establecido en nuestra constitución política”, afirmó Francini Mora, presidenta de la Federación Estudiantil del Instituto Tecnológico de Costa Rica (FEITEC). Se hizo un llamado a la movilización nacional para exigir el cumplimiento del 8% del Producto Interno Bruto (PIB) destinado a la educación.
Los líderes del movimiento estudiantil, enfatizaron la necesidad de un pueblo educado. “Una Costa Rica que decidió invertir en lápices para la educación y no en armas que generan violencia”, mencionó Mora. Este mensaje resuena con la urgencia de mejorar la calidad educativa en el país.
La conferencia también abordó la falta de atención del Poder Ejecutivo hacia el presupuesto de educación. “El irrespeto que ha tenido el Ejecutivo para la educación pública hoy la pasa a manos nuestras”, expresó Gilbert Díaz, presidente del Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Costarricense (SEC), haciendo un llamado a la Asamblea Legislativa para discutir el presupuesto antes del 30 de noviembre. Los organizadores advirtieron que, si no se asigna lo que corresponde a la educación, se contemplarán otras acciones.
Díaz pidió a los legisladores que sean ahora ellos quienes garanticen que se respete ese 8% destinado a la educación pública y pidió a la población para que se una a la movilización. “Hacemos el llamado en general a toda la población que mañana miércoles 28 y el 29 se sumen a nuestro llamado de protesta.”, se instó, recordando que la educación es un derecho fundamental que debe ser defendido.
La presidenta de la FEUNA, Raquel Loría, destacó el papel protagónico del movimiento estudiantil en la gestión actual. “Nos une el amor por Costa Rica y su educación”, afirmó, subrayando la importancia de generar respuestas solidarias y coordinadas para crear un cambio real en las comunidades.
El Secretario General de la Unión Nacional de Productores Agropecuarios Costarricense (UNAG), José Oviedo Chaves, reiteró la necesidad de marchar de forma pacífica. “Vamos a marchar de una forma pacífica y dispuestos a un diálogo efectivo”, aseguró, enfatizando la importancia de la comunicación con las autoridades.
Gilbert Díaz concluyó con un llamado a la Asamblea Legislativa para que garanticen que haya un respeto al 8% del producto interno bruto, destinado a la educación pública y pidió a la población para que se una a la movilización. “Hacemos el llamado en general a toda la población que mañana miércoles 28 y el 29 se sumen a nuestro llamado de protesta.”, se instó, recordando que la educación es un derecho fundamental que debe ser defendido.
Con estas acciones, los organizadores buscan visibilizar la situación de la educación pública en Costa Rica y exigir un compromiso real por parte del gobierno para garantizar una educación de calidad para todos. La movilización se presenta como una oportunidad para que la ciudadanía se exprese y participe activamente en la defensa de la educación pública.
