Un grupo de personas afectadas por el desfalco de Aldesa Corporación de Inversiones solicitó a la junta directiva del Banco Central de Costa Rica (BCCR) que se sancionen y expulsen del Consejo Nacional de Supervisión de Sistema Financiero (Conassif) y de las Superintendencias a quienes incurrieron en incumplimiento del deber de fiscalización.
De acuerdo con Flora Fernández, firmante de dicho documento, si el Banco Central no toma las acciones necesarias estaría incurriendo en pérdida de confianza e iría en contra de la estabilidad del sistema, no sólo por el caso de Aldesa, sino por otras 14 intervenciones y fracasos financieros que han arrasado con millones de ahorros de los costarricenses, sin que se sienten las responsabilidades de los entes de supervisión.
“Los entes de supervisión fueron creados para proteger a los ahorrantes o inversionistas, pero se pervirtió y hoy vemos cómo intentan salvar a las entidades financiera y a los responsables de su administración y solo les preocupa que se desencadene una corrida o contagio, mientras y los clientes financieros quedamos en la más horrenda desolación, sin apoyo de ningún órgano de supervisión”, indicaron los afectados en la misiva.
Añadieron que pareciera que ninguno de los Poderes de la República está interesado en ayudar a los afectados y que el Poder Judicial, pareciera que no actúa a la espera de caducidad y prescripción de hechos.
Aldesa Corporación de Inversiones y sus empresas asociadas adeudan ₡140.695 millones a personas físicas, mipymes, asociaciones solidaristas e instituciones estatales; y más recientemente salieron a la luz casos como el de BCR Sociedad Administradora de Fondos de Inversión (BCR SAFI) por la compra del Parque Empresarial del Pacífico (PEP) con un enorme sobreprecio y que hizo perder dinero a los inversionistas en dicho fondo, o la pérdida del capital social Coopeservidores.
“La existencia de las superintendencias ha venido a crear una maraña donde cuesta deslindar quien es responsable de los colapsos financieros. Hoy mismo vemos cómo un fondo creado en los años 80 para auxiliar clientes de bancos y entidades privadas se esfumó”, señalaron los afectados.
Añadieron en su solicitud a la junta directiva del BCCR que la confianza en el sistema financiero y de supervisión en Costa Rica está destruida, debido a una pobre actuación de la Superintendencia General de Valores (Sugeval) y de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) a lo largo de 30 años de existencia, lo que a su vez pone en serio riesgo su estabilidad. “No podemos responsabilizar exclusivamente a la señora Rocío Aguilar Montoya (Superintendente) o al señor Marco Hernández Ávila, resolutor de ese fracaso, pero son en este momento los principales responsables del caso Coopeservidores”.
“Se repite en el caso de Coopeservidores, que tanto la señora Aguilar Montoya como el señor Hernández Ávila incumplieron sus deberes de probidad, vigilancia, supervisión y fiscalización esa entidad, causando un daño patrimonial inmenso a 131.000 asociados, 326 asociaciones solidaristas y 700 personas sin empleo, lo que debería significar, cuando menos, la separación inmediata de ambos funcionarios”, denunciaron los afectados.
Concluyeron indicando que hay mucho malestar entre los inversionistas de Coopeservidores, pues no hay forma que les atiendan y les informen adecuadamente, y ven como una ironía que desde la Superintendencia adviertan a los ahorrantes que deben tener cuidado donde colocan su dinero, en lo que consideran, un intento de eludir su responsabilidad de supervisión.
