La Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social (Undeca) denunció ante la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción a la presidenta ejecutiva y otros directivos de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) por la adjudicación de 10 áreas de salud a tres cooperativas y una asociación.
Undeca fundamentó su denuncia en nuevos elementos, como el recurso de revisión del acuerdo de adjudicación en cuestión, presentado por la directiva y representante de los sindicatos, Martha Rodríguez, el cual fue rechazado de plano por el máximo órgano de la institución.
A esto se suma el recurso de revocatoria al acuerdo de adjudicación presentado también por Rodríguez, el cual a la fecha no ha sido visto por el máximo órgano y ha quedado fuera de asuntos de interés.
El sindicato también agregó a su denuncia la existencia de un supuesto conflicto de interés por parte de la directiva y representante estatal María Isabel Camareno, quien forma parte de los dirigentes de Conacoop y debió de haberse abstenido de participar en la decisión.
“A pesar de las advertencias y recomendaciones de expertos técnicos y legales para declarar la recomendación infructuosa debido a los elevados costos, la Junta Directiva procedió con la adjudicación. Undeca exige que si se confirma el incumplimiento de la ley se tomen las medidas necesarias para proteger los fondos públicos y garantizar que la investigación penal avance con prioridad”, indicó el secretario general de Undeca, Luis Chavarría.
Esta denuncia penal se suma a la ya realizada por el Sindicato Nacional de Enfermería y Afines (Sinae Afines) por este tema y a la petición de medida cautelar presentada por la Asociación Nacional de Empleados Públicados y Privados (ANEP) ante el Tribunal Contencioso Administrativo (TCA), la cual pretende frenar la adjudicación.
La Junta Directiva de la CCSS adjudicó el pasado sábado 6 de julio la administración de 10 áreas de salud del país. Se trata de Barva y San Pablo, en Heredia; Escazú, Santa Ana, San Francisco, Carpio-Leon XIII, San Sebastián-Paso Ancho, Pavas, Desamparados II y Tibás, en San José, las cuales ofrecen atención médica a 600 mil personas, y que actualmente son ya administradas por estos mismos proveedores.
La adjudicación realizada por los directivos se dio tras varias semanas de discusión en el seno del máximo órgano de la institución y tras analizar informes técnicos, financieros y legales elaborados por diversas instancias de la institución.
En abril anterior, por ejemplo, un grupo de técnicos del Área de Contabilidad de Costos de la Gerencia Financiera de la CCSS elaboró un informe que arrojó un aumento excesivo del costo que pretenden cobrar las cooperativas interesadas en administrar diez áreas de salud con respecto a los contratos actuales.
Según el estudio, en los últimos cuatro años, se ha realizado un gasto anual de ₡29.200 millones en la contratación de diez áreas de salud con proveedores externos a la institución.
Este pago subiría a ₡50.282 millones anuales de contratarse nuevamente a las cooperativas. Esto representa un crecimiento de más del 60% respecto al gasto real del 2023 en esas diez áreas de salud.
Según los datos mostrados en el Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop), esta diferencia (₡21.082 millones) sería de ₡210.820 millones en diez años, plazo que duraría el contrato. Esto podría financiar el 93% del nuevo Hospital de Limón, el cual ha sido anunciado con un costo de ₡225.000 millones.
Este aumento en el costo, según indicó la jefe del Área de Contabilidad de Costos de la Gerencia Financiera, Azyhadee Picado, en el oficio DFC-ACC-0489-2024, se daría “sin que se logre acreditar por parte de la Gerencia Médica una mayor complejidad, cantidad de servicios o mejoras significativas en la contratación actual y que sea medible a través del factor precio”.
