La Asociación Costarricense de la Judicatura (Acojud) calificó este jueves como “grave intromisión” las declaraciones de la Presidencia de la República ante los operativos judiciales sobre presuntos casos de corrupción en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y condenó que esté intentando amedrentar al Ministerio Público y también sobre juzgadores que intervienen en el proceso.
La Acojud también censuró que Chaves hubiera utilizado su espacio televisado del miércoles para señalar por nombre y apellidos al juez a cargo de las audiencias a las personas sospechosas de la CCSS, incluso mencionando su condición de edad y condiciones personales “como herramientas de amedrentamiento, lo cual constituye una forma inaceptable de presión y deslegitimación que vulnera la independencia judicial”.
En comunicado de la Acojud, con copia a Relatora Especial de Nacionales Unidas sobre Independencia de Magistrados y Abogados y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), los representantes gremiales indican que la posición de Chaves y su gobierno representa una amenaza para la sana relación institucional y para las garantías que da la Constitución para la independencia judicial.
“Las expresiones del Presidente ponen en riesgo esta independencia, generando un ambiente de intimidación que socava y deslegitima la confianza en la labor que realiza el Poder Judicial, compromete la transparencia y la legalidad de las investigaciones y debilita el principio constitucional de separación de poderes”, dice el pronunciamiento publicado después de otras declaraciones en la misma línea de parte del Ministerio Público, de la Corte Plena y del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
Estos órganos repudiaron la alusión de Chaves sobre hipotéticos intereses políticos y económicos detrás de acciones judiciales como las ejecutadas el pasado lunes, cuando se realizaron 28 allanamientos y se detuvo temporalmente a ocho autoridades de la CCSS, incluida la presidenta ejecutiva, Marta Esquivel.
Esos operativos provocaron el enojo del presidente Chaves y su equipo, que descalificaron el fondo y las formas del proceso judicial con el cual se intenta comprobar si se cometieron delitos en la adjudicación de 10 contratos a favor de empresas cooperativas y una asociación para que administren clínicas de la CCSS, pero con un millonario sobreprecio y mediante contactos indebidos en el proceso de contratación, según las pesquisas.
Chaves se descargó en críticas contra el Ministerio Público y su jefe, el fiscal Carlo Díaz, y soltó una serie de sospechas e insinuaciones alrededor de la idea de que las acciones judiciales son sólo resultado de venganzas políticas u hostigamiento al Ejecutivo, según él.
“Exhortamos al Presidente de la República a respetar plenamente la autonomía del Poder Judicial y que por acato a su investidura, se abstenga de emitir declaraciones que puedan interpretarse como intentos de influir en procesos judiciales o investigativos en curso. “La judicatura de Costa Rica es la que tiene la competencia y responsabilidad de controlar la legalidad de los actos de investigación en procesos penales, al margen de quienes estén involucrados”, añadió la Acojud.
Los jueces agremiados también piden a la Corte Plena, órgano máximo del Poder Judicial, tomar “las medidas necesarias a fin de procurar que la labor de la judicatura se realice en condiciones que garanticen la seguridad de jueces y juezas, sin influencias externas, como las suscitadas”.
