El sindicato UNDECA denunció que la presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Marta Esquivel, firmó el nombramiento de Marielos Gutiérrez como gerente general de la Institución el pasado miércoles 25 de setiembre, pese a que ambas funcionarias se encuentran en medio de audiencias para que los Tribunales de Justicia le establezcan las medidas cautelares por estar aparentemente involucradas en el caso Barrenador.
Este caso salió a la luz el pasado 23 de septiembre, cuando el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y el Ministerio Público dirigieron 28 allanamientos para indagar sobre las supuestas adjudicaciones con sobreprecio de 138 Equipos Básicos de Atención Integral (Ebáis) a diferentes cooperativas y se solicitó la suspensión del cargo a Esquivel, así como a todos los demás directivos implicados en el caso.
No obstante, encontrarse en dicha situación, UNDECA aseguró que Esquivel nombró a la coimputada Marielos Gutiérrez para dicho cargo, con el cual devengará un salario mensual de ¢5.415.000 mensuales (por un período de seis meses que se estableció el nombramiento), y sin importar que ambas se encuentren en el proceso judicial.
“Es deplorable este nombramiento, pese a que tanto Marta Esquivel como María de los Ángeles Gutiérrez fueron detenidas el lunes 23 de setiembre por el conocido caso Barrenador. Es lamentable la falta de respeto a las autoridades judiciales y es inadmisible que continúe en el pleno ejercicio de sus funciones como jerarca de la entidad, como si nada hubiera pasado, hasta que la autoridad judicial determine su situación jurídica en definitiva”, señaló Luis Chavarría, secretario general de UNDECA.
El sindicato de la Caja sostiene que la actuación de Marta Esquivel constituye una burla al sistema de administración de justicia.
Además de las dos funcionarias, se encuentran como imputados los directivos Johnny Gómez, Isabel Camareno, Zerith Rojas, Jorge Porras, Roberto Quirós y el exdirectivo de la Institución, Jorge Araya.
El Ministerio Público informó que solicitó contra todos ellos el cumplimiento de cinco medidas, por seis meses, como es impedimento de salida del país, depósito de pasaportes, firmar una vez al mes, prohibición de conocer cualquier asunto relacionado con la licitación bajo investigación, y prohibición de comunicarse, acercarse, influir, amenazar, intimidar o perturbar a 11 testigos del proceso.
Además, para Esquivel, Camareno, Gutiérrez, Araya, Rojas y Gómez se pidió la suspensión del cargo, por el mismo período.
