Sindicatos temen que regreso de Marta Esquivel a la CCSS permita “contaminar pruebas”

Debido a que la tarde de este lunes concluyó la audiencia de medidas cautelares del caso Barrenador, pero el juez no ha comunicado las medidas para los imputados, quienes son funcionarios de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) pueden retomar sus labores en la institución.

Este es el caso de Marta Esquivel, presidenta ejecutiva de la CCSS, y Marielos Gutiérrez, recientemente nombrada como gerente general a.i. con un salario superior a ¢5 millones. Dicha situación ha generado molestia e incomodidad en los sindicatos de salud.

Deivis Ovares, de la Unión de Empleados de la Caja y la Seguridad Social (Undeca), califica de inadmisible que 2 imputadas en un caso “tan grave” puedan volver a la institución “como si nada estuviera pasando”.

El hecho de que exista la posibilidad de que incluso estén alardeando, de que pueden regresar con la posibilidad de seguir contaminando prueba, con la posibilidad de seguir teniendo injerencia como ya pasó en el proceso donde en medio de una investigación de la Fiscalía son capaces de borrar correos, de ocultar prueba y de seguir engañando a la población costarricense, es un acto repudiable (…)

Nosotros creemos que Marta Esquivel debe ser destituida de la Junta Directiva de la Caja porque además pesan sobre ella otras 10 denuncias en las que igualmente podría ocultar prueba (…) Deben permanecer fuera de sus puestos para que la investigación transcurra con la confianza de los costarricenses que debe de haber en el sistema judicial y que estas pruebas no sigan siendo contaminadas y no se siga borrando evidencia, manifestó Ovares.

Por su parte, Natalia Solís, de Unidos por la CCSS, aseguró que desde siempre se han opuesto a la gestión de Esquivel porque sus decisiones parecieran ir orientadas a privatizar la Caja y debilitar las finanzas de la institución. Además, calificó al caso Barrenador como el acto de corrupción más severo que se ha dado en la CCSS, de confirmarse su veracidad.

El retorno de esta Junta Directiva y esta presidenta genera mucha indignación, genera frustración, genera mucha desconfianza porque si ya hay una investigación abierta por hechos tan lamentables, nadie nos puede asegurar que estas personas no sigan actuando en detrimento de la seguridad social (…)

Ojalá que ellos respondieran a un bien al país, que es apartarse para que el proceso sea transparente y genuino (…) Muy lamentable, indignados, preocupados, no sabemos qué va a seguir. Es una incertidumbre plena porque si ya están siendo investigados por actos tan serios, qué nos dice o qué nos apoya para que estas personas no sigan buscando mecanismos para seguir afectando al sistema, es una preocupación profunda y como dicen por ahí, ‘estaremos vigilantes’, dijo Solís.

Para los imputados de este caso, la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción solicitó separación del cargo -quienes son de la CCSS-, impedimento de salida del país, firmar una vez al mes, prohibición de acercarse a los 11 testigos y no conocer aspectos relacionados con la adjudicación de 10 Áreas de Salud a cooperativas.

Julio Sevilla, abogado defensor del directivo imputado Johnny Gómez, comentó que el juez a cargo del caso les indicó que se tomaría su tiempo para definir las medidas cautelares de cada uno de los 8 imputados.

Los involucrados en este caso son:

1. Marta Esquivel, presidenta ejecutiva de la CCSS.
2. Marielos Gutiérrez, gerente general a.i.
3. Johnny Gómez, directivo.
4. Zeirith Rojas, vicepresidente de la Junta Directiva.
5. Jorge Porras, exdirectivo.
6. María Isabel Camareno, directiva.
7. Jorge Luis Araya, exdirectivo.
8. Roberto Quirós, exdirectivo.