Un total de 46 organizaciones, nacionales e internacionales, lanzaron un comunicado conjunto donde expresan su “profunda preocupación” por los ataques del Gobierno al Poder Judicial, en el marco de las investigaciones emprendidas por la fiscalía por el caso Barrenador.
“Hacemos un llamado urgente al respeto de la división de poderes y a la protección de los principios democráticos fundamentales consagrados en el artículo 9 constitucional”, señala el texto.
El caso Barrenador salió a la luz el pasado 23 de septiembre, cuando el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y el Ministerio Público dirigieron 28 allanamientos para indagar sobre las supuestas adjudicaciones con sobreprecio de 138 Equipos Básicos de Atención Integral (Ebáis) a diferentes cooperativas.
En el expediente figura como imputada la presidenta de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Marta Esquivel, además de otros siete directivos y exdirectivos de la institución. Los daños a la Caja ascenderían a los ₡124 mil millones, en un periodo de 10 años, debido a los sobreprecios de los contratos.
Desde entonces, el presidente de la República, Rodrigo Chaves, ha dedicado diferentes manifestaciones en contra de las autoridades judiciales, en las que llegó a señalar que la fiscalía montó “un show” en relación con el traslado de Esquivel, detenida, desde Pérez Zeledón hasta Goicoechea.
Chaves también hizo mención pública del nombre y calidades del juez que dirige la audiencia de medidas cautelares contra los ocho imputados, lo que ha sido considerado como una medida de presión por diferentes organizaciones.
“No voy a permitir que se imponga el autoritarismo del fiscal general (Carlo Díaz) y la matonería. Hoy es Marta Esquivel, pero mañana pueden ser ustedes” […] “Estén listos, porque -Dios no quiera-, puede llegar el momento de actuar como sociedad”, fueron otras entre las muchas declaraciones del jefe del Ejecutivo.
Las 46 organizaciones firmantes aseguraron que la reacción del Poder Ejecutivo, ante la investigación de este supuesto caso de corrupción, “fomenta la violencia política y la polarización social, erosiona la confianza en las instituciones públicas y pone en riesgo la convivencia pacífica”.
Entre quienes suscriben el documento hay varias agrupaciones judiciales, feministas, laborales, académicas, pertenecientes a la CCSS e inclusive, internacionales, como la Federación Latinoamericana de Fiscales y la Federación Latinoamericana de Magistrados (FLAM).
Entre las organizaciones que se sumaron al llamado de atención destacan también el Colegio de Abogados, el Colegio de Trabajadores Sociales, el Instituto de Victimología de Costa Rica, la Asociación Agroindustrial del Caribe Sur, entre varias más.
“Es crucial que los actores políticos y sociales asuman su responsabilidad dejando de lado las retóricas polarizantes y promuevan un ambiente de respeto entre los poderes públicos y un diálogo constructivo que permita avanzar en las metas de desarrollo del país”, reza el texto.
El comunicado concluye con un llamado a la población para que monitoree y defienda “activamente” la independencia de las instituciones, “entendiendo que un Poder Judicial robusto, imparcial y libre de presiones es esencial para la protección efectiva de sus derechos”.
