Más de 900 personas y organizaciones nacionales e internacionales firmaron un voto de censura pública al Tribunal Penal de Pérez Zeledón, por absolver de culpa a Juan Eduardo Varela Rojas, asesino confeso del líder indígena de Térraba Jerhy Rivera.
El 19 de setiembre pasado, el Tribunal de juicio de Pérez Zeledón absolvió a Varela Rojas por el delito de homicidio calificado de Rivera, porque argumentó que las declaraciones y pruebas no permitieron comprobar la tesis de la Fiscalía ni de la parte querellante y aplicó el principio universal in dubio pro reo (en caso de duda).
En una conferencia de prensa realizada el viernes 18 de octubre en la Asamblea Legislativa, la diputada del Frente Amplio, Rocío Alfaro, dijo que la sentencia debe ser revisada por los organismos internacionales y nacionales de derechos humanos.
“Creemos que el Estado se comporta de una manera que promueve desgraciadamente la impunidad, que sigue reproduciendo patrones racistas y que sigue legitimando las acciones de los usurpadores de los territorios indígenas”, exclamó Alfaro.
“Nos preocupa el precedente que se sienta, ya que es un caso que no tenía la necesidad de demostrar la culpabilidad del asesino, puesto que el asesino confesó públicamente haber cometido el acto”, argumentó Alfaro.
Los hechos ocurrieron el 24 de febrero de 2020, cuando Rivera, activista recuperador de tierras del pueblo indígena de Térraba, recibió cinco disparos en la espalda.
El 17 de agosto de 2022, Varela se presentó en la noche en una actividad oficial en la Escuela Rogelio Fernández, en Buenos Aires de Puntarenas, y expresó con orgullo y emoción “yo fui el que lo maté”, como consta en el registro de la actividad transmitida por Radio Cultural Buenos Aires vía Facebook.
”Hasta aquí llegó este indio”
El 1 de febrero de 2023, un tribunal de Pérez Zeledón sentenció a Varela a 20 años de prisión por el cargo de homicidio calificado, más dos años por portación ilegal de arma y 15 días por amenazas agravadas en contra de Melisa Garbanzo, testigo del Ministerio Público y de la familia de Rivera.
En ese momento, el Tribunal describió las pruebas como se cita a continuación, según el Expediente: 20-000108-0990-PE:
“…el encartado Juan Eduardo Varela Rojas, aprovechando esa circunstancia, actuando sobre seguro y sin ningún riesgo para sí, con evidente intención homicida y en represalia porque el ofendido anteriormente había herido a su hermano Juan Luis, se colocó detrás del ofendido Yehry y accionó en tres ocasiones contra este, el arma de fuego que portaba, tipo pistola, marca Daewoo, modelo DP51, calibre 9 mm, serie 07895, esto mientras exclamaba “hasta aquí llegó este indio hijuep…, sosténgamelo”, impactando dos de los disparos en el cuerpo del ofendido (…) Acto seguido, el imputado Juan Eduardo Varela Rojas aun portando en sus manos el arma de fuego, y apuntando la misma hacia la ofendida Melisa Gutiérrez Garbanzo, amenazó injusta y gravemente a esta, a quien le dijo “usted es la que sigue, india hijuep… y su familia”.
El 17 de julio de 2023, el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago ordenó poner en libertad a Varela, tras un recurso de apelación interpuesto por los abogados del sujeto. El Tribunal anuló el juicio y alegó que se presentaron vicios en la valoración de la prueba y ordenó que se realizara un nuevo juicio con una distinta integración de jueces.
“Sentencia legitima a ocupantes ilegales”
María Trejos, integrante del Colectivo de Apoyo a doña Digna Rivera, leyó el comunicado del Colectivo que presentó las 900 firmas, que está conformado por activistas de derechos humanos, organizaciones del movimiento social, ecologistas y medios de comunicación alternativos.
“La sentencia del 19 de setiembre complace, legitima clara y directamente a los ocupantes ilegales, llamados finqueros, para que continúen contratando y alcoholizando a turbas de hasta 100 personas para que violen los derechos humanos de los pueblos indígenas que defienden su derecho al territorio, a su cultura y a su espiritualidad. Víctimas de esta violencia han sido Sergio Rojas y Jerhy Rivera quienes fueron vilmente asesinados por defender sus legítimos derechos”, leyó Trejos.
En la conferencia también participó Fanny Reyes, indígena Térraba e integrante de la Red de Mujeres Rurales, que ha acompañado a la familia de Jehry en los dos juicios, quien declaró que “el fallo del juicio es la representación más clara de la visión colonial y racista desde el Estado y su institución, el Poder Judicial”.
Recordó que la reivindicación por los territorios indígenas inició más visiblemente en el 2011, en Salitre, con Sergio Rojas y el pueblo bribri, que inician las recuperaciones. “Esa semilla que Sergio y el pueblo bribri sembraron se fue esparciendo por Térraba, China Kichá, Cabagra y Rey Curré” y en todos los territorios ha habido violencia.
“Al dejar libre a este asesino confeso, el mensaje que dice es que matar a un indígena no tiene consecuencias. Ese es el mensaje que le está mandando a los finqueros y a la población de Buenos Aires. A nosotros nos preocupa mucho que se haya absuelto a este asesino porque pensábamos que se iba a crear un precedente”, señaló Reyes.
Reyes también indicó que la ocupación ilegal en Térraba abarca más del 80% del territorio. “Si no actuamos, vamos a desaparecer como cultura”.
Mientras que Zeidy Brukwa, indígena Gnöbe del territorio Comte Burica y parte de la coordinación del Frente Nacional de Pueblos Indígenas (Frenapi), fundado por Sergio Rojas, destacó que les están dando un mensaje claro.
“Aquí las y los que defendemos el derecho al buen vivir, a la tierra, a los recursos naturales, a los que defendemos la madre naturaleza (…), podemos ser asesinados y no pasa nada en este país, que es un modelo de democracia a nivel internacional”, expresó Brukwa.
Brukwa resaltó que la impunidad no es un caso aislado ni de la época actual y recordó que “cuando el Estado costarricense cedió las tierras indígenas a la compañía bananera United Fruit Company y Antonio Saldaña quiso defender los derechos a la tierra y al buen vivir fue asesinado por culpa del Estado, porque si el Estado tuviera un compromiso serio, si no solamente fueran palabras, yo creo que estos asesinatos no sucederían”, dijo.
Saldaña fue un cacique de Talamanca, del clan Salwak (“dueños del mono colorado”), que siempre se opuso a la ocupación de sus tierras por foráneos. Murió el 3 de enero de 1910, supuestamente envenenado por beber tintura de yodo; pero otra versión señala que la causa fue una conspiración por su oposición a la presencia de la bananera.
