El pasado 22 de noviembre la Asociación de Empleados Públicos y Privados (ANEP) acudió a la Sala Constitucional para presentar un recurso de amparo contra el Decreto 44.634 MP, que otorgó potestades como la realización de allanamientos a la llamada Unidad Especial de Intervención (UEI).
La nueva norma se denomina “Reglamento de organización y funcionamiento de la Unidad Especial de Intervención” y su publicación en La Gaceta el jueves 21 de noviembre generó honda preocupación, ante la posibilidad de que con ello Rodrigo Chaves pueda echar mano de ese cuerpo de seguridad como una suerte de policía secreta política.
Decreto de Chaves convierte la UEI en una “policía secreta” que podría hacer de Costa Rica una “narco dictadura”
Nueva norma confiere a ese cuerpo especializado adscrito a la Presidencia la facultad de realizar allanamientos sin que medie orden judicial.
Desde la ANEP se explicó que el amparo fue presentado “al considerar que este decreto podría contener amenaza cierta real efectiva e inminente al principio de legalidad al Estado de derecho y la democracia de Costa Rica, sin perjuicio de probables conductas delictivas”.
Según se informó, entre los argumentos presentados por esa Asociación en el recurso de amparo se destaca la “intromisión de funciones, vulneración al principio de separación de poderes, así como violación de derechos fundamentales y abusos potenciales de autoridad”.
Desde la perspectiva de la ANEP, el decreto firmado por Chaves y su ministra de Presidencia, Laura Fernández, convierte a la UEI en “una policía al servicio del presidente de la República, quien no solo podría nombrar y remover a sus altos mandos, sino que también discrecionalmente podría otorgar rangos policiales y tener la última palabra para la aprobación o denegación de operativos policiales”.
También se mencionó que la subordinación de la UEI a autoridades políticas “podría generar la politización de órganos de seguridad y la potencial afectación de su independencia”.
Posteriormente se informó que este lunes 25 de noviembre se una adenda al recurso de amparo, en la cual se alegó que el decreto entra en contradicción con las potestades y facultades que la Ley General de Policía define para la UEI, por lo cual alega que al extender las atribuciones legales de la UEI, “riñe, confronta y lesiona el principio de reserva de ley así como el orden jerárquico de las normas, otorgando de una manera confusa, imprecisa y amplia, la facultad a la UEI, de planificar, supervisar y participar en allanamientos entre otras conductas viciadas, ajenas” a la mencionada Ley.
Tras recordar que el planeamiento y ejecución de allanamientos está supeditado a “la dirección funcional del Ministerio Publico y las autoridades jurisdiccionales competentes”, apunta que todo ello “resulta abiertamente temerario, peligroso y contrario a la Constitución”.
Así, la adenda subraya que el decreto de Chaves transgrede el artículo 149 de la Constitución, que establece la responsabilidad del Presidente y sus ministros o ministras “cuando impidan o estorben las funciones propias” de la Asamblea Legislativa y el Poder Judicial.
El documento de adenda concluye que la Sala Constitucional debe ordenar la ineficacia o la derogatoria del decreto, pues “la única manera en que una ley puede ser modificada y/o ampliada es mediante la observancia y respeto del proceso legislativo correspondiente y no como en violación a este procedimiento, lo hizo el ciudadano Chaves Robles y la ciudadana Fernández Delgado”.
Además señala que la ampliación de las facultades de la UEI para que pueda supervisar, planificar y participar en allanamientos y otros actos, “impediría o estorbaría las funciones propias del Poder Judicial, específicamente del Ministerio Publico y el OIJ, todo lo cual viola directa y expresamente la ley General de la Policía, específicamente en sus artículos 18 y 19 así como el artículo 149 de nuestra Constitución Política”.
