Un total de 406 vecinos de las comunidades de Salamá, Santa Rosa, Venecia, Finca Puntarenas y otras, presentaron una declaración ante la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena) y la Municipalidad de Osa para manifestar su oposición al relleno sanitario próximo a construirse en Salamá de Osa.
Los vecinos quieren que se cree una comisión interinstitucional con universidades estatales que “escudriñe” el proyecto, con todos sus permisos, trámites y documentación, y que se inspeccione la finca; y solicitan a la Municipalidad de Osa que tome el proyecto con “cautela” y lo revise.
Se prevé que el Centro Tecnológico Ambiental Ka Meat Se’A empiece a operar antes de julio de 2025, según la empresa desarrolladora Nova Tierra Energy Costa Rica, de capital estadounidense. El proyecto tiene la viabilidad ambiental de la Setena (Resolución Nº 0193-2024-SETENA), así como el permiso de uso de suelo otorgado por la Municipalidad de Osa.
El proyecto se desarrollará en una finca de 60 hectáreas en la que había una plantación de melina, ubicada sobre la carretera Interamericana Sur, cerca de la comunidad de Salamá, entre Finca Puntarenas y Chacarita. De acuerdo con el expediente, el área destinada al relleno abarcaría 18,23 hectáreas.
Como han confirmado ingenieros de la compañía, la empresa construirá una planta de tratamiento de aguas y vertirá las aguas residuales tratadas del relleno al río Salamá Viejo. Este se conecta con el río Sierpe y desemboca en el Humedal Nacional Térraba-Sierpe.
Asimismo, el pasado 22 de noviembre, el diputado del Frente Amplio, Ariel Robles interpuso un recurso de nulidad ante la Setena solicitando que se anule la resolución que otorgó la viabilidad ambiental al proyecto y que se ordene la paralización de las obras en el sitio.
“Un relleno antes que un acueducto”
Sergio Ramírez Artavia vive al frente de la finca donde se construirá el relleno, del otro lado de la Carretera Interamericana. El pasado 21 de noviembre, expuso la oposición del grupo de vecinos ante el Concejo Municipal de Osa.
Ramírez explicó que Salamá y Finca Puntarenas no tienen agua potable ni acueducto, sino que el agua viene de una toma en el río Salamá Viejo, que data de la época de la compañía bananera, y no es potable. Además de esa agua, los vecinos utilizan pozos artesanales. La lucha para que estos asentamientos tengan un acueducto tiene años e incluso se interpuso un recurso de amparo y la Sala Constitucional ordenó al Gobierno dar una solución, por lo que actualmente un camión cisterna reparte agua potable.
“Vamos a tener entonces primero un relleno sanitario antes que un acueducto. Para mí eso es grave. Siento que las condiciones del río se van a ver afectadas negativamente debido a la presencia del relleno y los vecinos que usamos pozos artesanales nos vamos a ver aún más afectados porque estamos advertidos en el Estudio de Impacto Ambiental que hay riesgo de contaminación de las aguas subterráneas. ¿Qué va a pasar con nosotros? (…) Pienso que deberíamos buscar una solución para tratar nuestra basura y no recibir tanta basura de otros cantones”, dijo Ramírez.
El vecino, quien destacó el derecho humano al agua y a un ambiente sano, hizo un llamado a los regidores a proteger el ambiente y a “defender nuestra herencia verde: Osa”.
También habló Félix Picado Valverde, vecino de Palmar Sur, quien analizó el expediente del relleno en la Setena, que consta de alrededor de 800 páginas.
Dijo no estar ni a favor ni en contra del proyecto pero declaró: “Lo que sí no me trago es la ubicación. Algunos de ustedes se han hecho la pregunta de ¿por qué esa finca?, ¿por qué ese sitio con tantas cosas en contra?” y explicó que, de acuerdo con la misma empresa, la finca está en una zona de protección hidrogeológica según el Plan Regulador de Osa, y que es de vital importancia para la dotación de agua potable para las zonas más al sur, por lo tanto deben protegerse.
Picado también destacó que en el Estudio de Impacto Ambiental afirman que el suelo no tiene permeabilidad; pero no se habla de la escorrentía superficial, cuando es una zona donde llueve entre 4.000 y 6.000 mm al año. “Imagínense esa cantidad de agua cayendo sobre esa basura y fluyendo como escorrentía superficial a 60 metros, donde está el río”.
Los vecinos resaltaron que la finca además está en una zona de riesgo de inundaciones y que en el expediente hasta se les recomienda construir un dique.
Interponen recurso de nulidad
A lo anterior se suma que el despacho del diputado Ariel Robles interpuso un recurso de nulidad ante la Setena.
En su argumentación, el despacho del legislador Robles señala primero que es inconsistente y materialmente imposible que se apruebe un proyecto con un área de diseño 2.450.968 metros cuadrados, dentro de un inmueble de 600.000 metros cuadrados (60 ha).
En segundo lugar, el despacho del legislador plantea que en la finca hay dos quebradas y una naciente, de las cuales la naciente y una quebrada son intermitentes, y la otra quebrada es permanente. En ellas hay peces y hasta un caimán y están en zona de montaña. Así consta en un oficio (DA-UHTPSOG-0130-2023) de abril de 2023 enviado por el geólogo David Chacón Robles, de la Unidad Hidrológica Térraba–Pacífico Sur a Esteban Sandí Fernández del Área de Conservación Osa (Acosa) del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac).
Construir un relleno sanitario allí sería ilegal pues violaría el artículo 33 de la Ley Forestal y el 149 de la Ley de Aguas, además de que afectaría la vida silvestre documentada, expone Robles.
En tercer lugar, el despacho de Robles denuncia que existe una “prohibición absoluta de verter aguas residuales en áreas silvestres protegidas, en este caso como lo es el Humedal Térraba Sierpe, el cual será el receptor final de todos los vertidos realizados por el presente proyecto”. Así se señala en criterios técnicos y científicos del Sinac (SINAC-AJ-CJ-053-2020), se recuerda.
Y en cuarto lugar, se critica que no hubo audiencia pública, que permitiera a la comunidad ejercer su derecho constitucional a la participación ciudadana.
