Mediante una carta abierta con fecha del 7 de enero, Martha Rodríguez González, representante del sector trabajador ante la Junta Directiva de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) señaló a las demás personas integrantes la necesidad de resolver temas “urgentes” pendientes de solución.
La construcción de la Torre Esperanza en el Hospital Nacional de Niños encabeza la lista de “asuntos relevantes que no han sido debidamente abordados por esta honorable Junta Directiva, particularmente ante la imposibilidad de completar el quorum solicitado desde septiembre del año pasado para la sustitución de un miembro de gobierno”.
Se refirió con ello a la sustitución de Marta Esquivel, presidenta ejecutiva imposibilitada de momento para ejercer el puesto tras una medida cautelar pertinente al caso Barrenador, sobre aparentes sobreprecios pagados a un grupo de cooperativas y una asociación para administrar áreas de salud.
“La construcción de la Torre Esperanza, concebida como una iniciativa de la Asociación Pro-Hospital Nacional de Niños y asumida posteriormente por la CCSS, reviste una importancia crítica”, apunta Rodríguez y de seguido detalla los “principales hitos jurídicos y administrativos que han marcado su desarrollo”, como que desde 2003 se suscribió una carta de intenciones para impulsar el proyecto, o que en 2009 fue declarado de Interés Público y Nacional, y así un largo devenir que llega a este mes de enero en que se estableció la recepción de ofertas en el Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop).
Pero la directora además apunta que ese proyecto “presenta aspectos críticos que no han sido comunicados a esta Junta Directiva”, entre los que menciona la cuestión de “si se han contratado consultorías, en especial con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), y montos involucrados, para este proyecto o cualquier otro en el Hospital Nacional de Niños”. Añade la duda de “si se está negociando algún empréstito institucional con ese ente”.
Su carta no se queda ahí y ofrece una lista de otros temas “urgentes”, como las listas de espera y “brechas en recursos humanos e infraestructura”, lo cual considera debe ser prioritario “considerando el doloroso impacto sobre más de 1,3 millones de usuarios, cuya solución es posible, mientras la voluntad no sea el desmantelamiento y la privatización”.
Apunta además la deuda del gobierno con la institución o la construcción del nuevo Hospital Max Peralta en Cartago, respecto al cual recordó que se trata de una infraestructura “con más de 130 años, enfrenta condiciones críticas que ameritan decisiones urgentes”.
“Este nosocomio sufre hacinamiento, plétora en emergencias, deficiencias en sala de operaciones, hemodiálisis, quimioterapia, radiología, hemodinamia, entre otros, equipos obsoletos, brechas de recurso humano, incumplimiento de las normas de habilitación, del Código Eléctrico, la ley 7600 y otros. Existen criterios técnico jurídicos que no han sido conocidos mientras miles de ciudadanos tienen décadas de espera”.
Rodríguez también subrayó la necesidad de reforzar la atención geriátrica ante el envejecimiento poblacional, al tiempo que mencionó la importancia de avanzar con proyectos estratégicos, como el Expediente Digital Único en Salud (Redimed).
La misiva concluye con que “entendiendo que los retos de la gestión institucional no se resolverán en un corto plazo, es necesario trazar un camino claro que permita fortalecer la prestación de servicios oportunos y de calidad” y pide que sea conocida en la próxima sesión de la Junta Directiva.
