El Sindicato de Trabajadores de la Educación Costarricense (SEC) advirtió que solicitará “las acciones penales correspondientes” en caso de que no se otorgue en el presupuesto nacional el 8% del producto interno bruto (PIB) a las partidas destinadas a Educación.
Así lo señaló la agrupación en un comunicado, luego de conocer la sentencia de la Sala Constitucional, conocida como Sala IV, en donde declara inconstitucional el presupuesto nacional de 2025, debido a que no se destina el mínimo de 8% del PIB para financiar la educación pública, tal como lo exige el artículo 78 de la Constitución Política.
El presupuesto establecido para el Ministerio de Educación Pública (MEP) fue de ₡2,612,696,741,714, luego de que los diputados aprobaran mociones que lo aumentaron en ₡32,282,741,714 respecto a lo que planteó inicialmente el Ejecutivo. Este presupuesto representa apenas un 5,01% del PIB para 2025.
El SEC exigió que se cumpla con la disposición constitucional, mediante la incorporación de recursos adicionales: “el Poder Legislativo debe aprobar presupuestos extraordinarios para garantizar el financiamiento de los servicios educativos en 2025”.
Igualmente, el sindicato recordó que existe una sentencia similar de 2016, donde se señala que la reincidencia en este incumplimiento podría derivar en consecuencias legales contra autoridades como diputados, ministros y el presidente.
Pese a lo anterior, lo cierto es que nunca se ha otorgado el 8% del PIB a la Educación, aunque ahora cayó a uno de los niveles más bajos de inversión en lo que llevamos de siglo.
“Instamos a los sectores políticos y sociales para que nos unamos alrededor del objetivo común de defender y exigir el cumplimiento del 8% del PIB para la Educación Pública”, anota el comunicado del SEC.
Sala IV determina por unanimidad que presupuesto 2025 es inconstitucional por incumplir con 8% del PIB para educación
Tribunal evacuó una consulta presentada por la Defensoría de los Habitantes, la cual planteó que ese incumplimiento “tiene repercusiones directas sobre el goce y ejercicio del derecho constitucional a la educación, afectando a la niñez, a la adolescencia y a la juventud del país”.
