La diputada del Frente Amplio Sofía Guillén y el especialista en sector energético Jorge Blanco insistieron en que el proyecto de ley de apertura del mercado eléctrico nacional generarán un aumento en las tarifas de electricidad residenciales y no permitirá garantizar el abastecimiento eléctrico nacional.
Ayer jueves, diputados del Partido Liberación Nacional (PLN), Unidad Socialcristiana (PUSC), Liberal Progresista (PLP) y oficialismo acordaron aprobar un texto sustitutivo al proyecto de Ley de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) (expediente 23.414).
Sobre el texto sustitutivo “de consenso”, Guillén expuso que “la esencia del proyecto de ley sigue siendo la misma: terminar de abrir la generación eléctrica nacional a la generación privada, para que terminen de hacer su negocio con sobreprecios”.
Guillén explicó que el modelo centralizado en el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) le ha permitido a Costa Rica llegar hasta donde ha llegado en cobertura eléctrica. “Si ustedes pretenden sustituir ese modelo centralizado de planificación del ICE por un modelo de subastas abierto, todo para que los generadores privados pasen a tener voz y voto en el Ecosen, que es el que va a decidir los contratos de las subastas, lo que vamos a tener es un desastre, un desastre en términos de cobertura y en términos de tarifas y eso es lo que nos dice la experiencia en Latinoamérica”.
El Frente Amplio presentó un documento sobre el impacto tarifario de los procesos de apertura en mercados como Guatemala, Nicaragua, El Salvador y Honduras y en todos los casos sin excepción las tarifas residenciales terminaron aumentando, aseguró Guillén.
El proyecto de ley crea un mercado eléctrico mayorista, donde los agentes contratarán libremente y se realizarán las transacciones de bienes, servicios, activos y otros recursos entre empresas generadoras, comercializadoras y consumidores.
“Esos mercados terminan siendo dominados por fuerzas de generación privada que solo se dedican a hacer negocio y a obtener utilidades. Ecosen y los privados van a tomar las decisiones de a quien le tocan los contratos”, resaltó Guillén.
El proyecto establece que los responsables de la dirección, operación y funcionamiento del mercado eléctrico nacional serán el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae), la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) y el Ente Coordinador del Sistema Eléctrico Nacional (Ecosen). El Ecosen también estará a cargo de la planificación de la expansión de la generación y la transmisión del SEN. La junta directiva de este ente estará integrada por un representante del ICE, un representante del Minae, uno de las empresas distribuidoras, cooperativas y municipales de electrificación rural, uno de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) y uno del sector privado designado por la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep).
Actualmente, la ley faculta al generador privado a producir electricidad; pero el ICE es el único que le puede comprar esta electricidad. Guillén expuso: “Ustedes están rompiendo esa planificación centralizada”. Ahora, “cinco familiones van a decidir los contratos”.
“Ustedes están haciendo la apertura total del mercado, la apertura del mercado que empezó el bipartidisimo hace 30 años. Lo que ustedes van a tratar de concretar en este proyecto de ley es el sueño del bipartidismo durante 30 años”, evidenció la legisladora.
No se garantiza que no habrá racionamientos
Por su parte, Jorge Blanco Roldán, ingeniero eléctrico, exdocente de la Universidad de Costa Rica (UCR) y especialista en sector energético, también dijo que “se mantienen los mismos vicios del texto original”.
“Es un proyecto fallido. Los diputados que apoyan eso no tienen conocimientos técnicos especializados en energía ni conocimientos económicos especializados en economía energética; entonces el discurso es un discurso sin contenido”.
Blanco explicó que, en primer lugar, no se puede asegurar que el proyecto bajará los costos de la energía y reducirá las tarifas.
“Únicamente diciendo que va a haber competencia y que va a haber más inversión, eso no asegura que los precios vayan a bajar. No se puede probar que esa liberalización del mercado baje las tarifas”, alegó.
En segundo lugar, cuestionó ¿quién va a garantizar la seguridad del abastecimiento nacional? “La ley del ICE lo obliga a asegurar el abastecimiento nacional; pero si la planificación se traslada al ente llamado Ecosen y la planificación será indicativa; es decir, básicamente por la cantidad de energía que se ponga en subasta, eso va a hacer que la gente participe con proyectos que van a suplir esas cantidades de energía. Pero esa planificación energética no será profunda ni contendrá todos los elementos requeridos. Entonces cuando haya posibilidades de racionamiento ¿a quién van a acudir? Con ese proyecto no se asegura al consumidor general que no vaya a haber racionamientos”, afirmó Blanco.
También mencionó el caso de Guatemala, país que ya realizó la apertura, y que en los últimos años ha enfrentado constantes crisis energéticas y riesgos de racionamientos.
En tercer lugar, Blanco cuestionó trasladar la planificación del sistema eléctrico del ICE a Ecosen. “El ICE desarrolla proyectos, analiza potencial, tiene preocupación por el ambiente, hace estudios de factibilidad, y todo eso se lo dejarían al privado, generando un desorden a nivel nacional”.
Otras propuestas
Mientras tanto, al proyecto de ley de armonización -que se discute en la Comisión Especial del Sector Energético Nacional-, se le han presentado 493 mociones vía 137. Ayer fue su segundo día de mociones, en el que se votaron 13 de ellas, en una sesión ampliada, que se extendió de 8 a 11 de la mañana.
La diputada socialcristiana Daniela Rojas, presidenta de la Comisión Especial del Sector Energético Nacional, anunció que en estos días se socializarán con los asesores las mociones que planea agrupar para su votación en la comisión.
Hoy finaliza el periodo de sesiones extraordinarias y a partir del 1 de febrero arrancan las extraordinarias, que discute propuestas de los diputados; pero por el consenso existente entre varias fracciones -menos el FA -, se espera que el proyecto siga avanzando durante febrero, marzo y abril.
La diputada Sofía Guillén presentó también un texto sustitutivo al proyecto, que sustituye el mercado de subastas por mecanismos de planificación directiva que fortalezcan la planificación y que despoliticen la toma de decisiones en el ICE, informó. Asimismo, el 26 de setiembre del año pasado presentó un proyecto de ley (Expediente 24.594) para despolitizar la toma de decisiones en el ICE, orientar la planificación y establecer mecanismos contra las puertas giratorias, los conflictos de interés y la corrupción.
Por su parte, el diputado liberacionista Francisco Nicolás presentó el 12 de diciembre el proyecto de “Ley de aseguramiento del servicio eléctrico” (Expediente 24.755) para ordenar las relaciones entre los diferentes actores que participan en el desarrollo y operación del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) , y consolidar un sistema eléctrico robusto y resiliente.
