La Asociación Costarricense de la Judicatura (Acojud) manifestó su “profunda preocupación por la
creciente y advertida inseguridad que enfrentan los operadores de justicia y funcionarios judiciales en el país y lamentamos el reciente ataque de violencia” contra Heyner Zamora, subjefe regional del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) en Guápiles, “a quien extendemos nuestra solidaridad, a su familia y a sus compañeros y compañeras de trabajo”.
Zamora fue herido de bala varias veces la noche del viernes y aún se encuentra en “estado muy crítico con asistencia de un ventilador y en coma inducido”, de acuerdo a declaraciones de Rándall Zúñiga, director del OIJ, publicadas por Ameliarueda.com esta mañana.
Respecto a ese caso, este domingo el OIJ realizó cinco allanamientos en Guápiles, como resultado de los cuales se aprehendió a tres sujetos y se capturó evidencia importante como celulares, armas de fuego, municiones y “aparente droga”.
Poder Judicial debilitado
El pronunciamiento de Acojud apunta que el atentado ejecutado contra Zamora es “un claro ejemplo del debilitamiento producido entre otras, de la garantía de seguridad laboral, la cual es fundamental para permitir que la policía judicial, fiscalía, Jueces y Juezas ejecuten sus funciones sin temor a represalias contra su integridad física y de su familia. El resguardo de la seguridad es parte necesaria de la Independencia Judicial”.
Ello en un escenario en el que la “violencia vinculada al narcotráfico y la criminalidad organizada, ha puesto en serio riesgo la seguridad pública y las instituciones democráticas del país”, por lo que “es evidente y urgente el fortalecimiento del sistema de justicia, los y las tomadores de decisiones públicas, lejos de cumplir con esa impostergable meta de estado, han aprobado varias reformas legislativas que han tenido como efecto -deseado o no- la inestabilidad y el desmejoramiento constante del funcionamiento y efectividad del sistema judicial. Ejemplo de lo anterior es la regla fiscal”.
Para la Acojud es “indispensable exigir al Poder Ejecutivo y al Legislativo, la asignación del presupuesto necesario que garantice una justicia eficaz y autónoma, impidiendo que la insuficiencia sea aprovechada como hasta hoy, por la criminalidad organizada”.
Así, el fortalecimiento del Poder Judicial “implica necesariamente fortalecer el orden democrático, la estabilidad social, el desarrollo económico y la paz”.
Tras recordar que la independencia y solidez del sistema de justicia es capaz de impedir “la impunidad, la corrupción y el abuso de poder desde cualquier esfera pública o privada”, la Acojud manifestó que “resulta obligado reiterar un vehemente llamado constitucional al Poder Ejecutivo de respeto a la independencia del Poder Judicial y, a la Corte Suprema de Justicia, de defenderla conforme sus competencias”.
