“No se puede oír una sola motosierra, punto, porque no hay permiso. Aquí está diciendo la Sala IV: es una moratoria, no hay permiso de nada”, recalcó Marta Castro, presidenta de los Comités de Vigilancia de los Recursos Naturales (Covirenas) del Caribe Sur sobre la orden de la Sala IV que declaró una moratoria a los permisos de tala y suspender los construcción en zonas de bosque que deben volver a estar bajo la protección del Refugio de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo (Regama).
Castro participó esta mañana en una conferencia de prensa sobre el impacto de la resolución de la Sala IV sobre la tala en Gandoca-Manzanillo, después de que ayer se conociera que la Sala IV dictó tres medidas cautelares “para evitar daños graves e irreparables al ambiente” en el Regama.
Las medidas fueron solicitadas por la Defensoría de los Habitantes el 20 de febrero, ante el incumplimiento de una sentencia emitida por la Sala Constitucional en 2019, que ordenó al Estado volver a delimitar las zonas de bosque que deben estar bajo protección del Regama.
Los activistas que participaron en la conferencia de prensa, resaltaron las implicaciones de la orden de la Sala IV en el Plan Regulador Costero de Talamanca-Distrito Cahuita.
De acuerdo con Mauricio Álvarez, docente de las Escuelas de Geografía y de Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica (UCR) , “buena parte del interés del Plan Regulador era desarrollar estas áreas, que son devueltas al Refugio” y afirmó que este “queda en estado de incertidumbre y en estado de coma”. Recordó que el mismo busca modificar el uso de suelo tradicional, histórico, ancestral e irrespeta la forma de turismo que está teniendo la comunidad, como han dicho las personas afrocahuitenses.
Castro coincidió en que las medidas cautelares “catapultan” el Plan Regulador. “No existe y no puede existir, porque no es compatible; las tres medidas cautelares eliminan el Plan Regulador Costero”.
Andrea Mora, del Movimiento Cahuita Unida, expresó que les preocupa mucho toda la situación. “A pesar de que estamos alegres de la resolución de la Sala IV y es un gran avance sí, pero en nombre de los ciudadanos de Limón, Tortuguero, Cahuita, del Refugio, tenemos que unirnos para que las autoridades locales cumplan las medidas y seguir vigilantes porque la destrucción sigue”.
Álvarez agradeció a todas las personas que mandado videos a todas horas del día y de la noche denunciando la tala y el tránsito de camiones con tucas. “Ellos han sido los ojos”, dijo y reconoció que si no hubiera sido por esas denuncias desde el Caribe Sur, la deforestación que ocurrió en el último año hubiera sido incluso peor.
Medidas se solicitaron hace un año
A fines de mayo de 2024, diversas organizaciones del Caribe Sur emitieron el “Pronunciamiento por la recuperación del Refugio Gandoca-Manzanillo”. Este fue firmado por la Asociación de Desarrollo Integral del Territorio Indígena de Kéköldi (Aditik), Movimiento Cahuita Unida, Covirenas Caribe Sur, Asociación Talamanqueña de Ecoturismo y Conservación (ATEC) y Talamanca Siempre Verde.
Entre otras cosas, en él exigían al Estado que devuelva “las áreas del Refugio Gandoca-Manzanillo que se han usurpado y violentado con la ley 9223 y la propuesta del Plan Regulador Costero de Talamanca” y que se establezca “una moratoria al otorgamiento de permisos de tala, extracción, aprovechamiento, y construcción, o que autoricen cualquier tipo de destrucción o cambio de uso de suelo de los humedales, bosques y otros ecosistemas hasta que se delimiten, zonifiquen y ordenen correctamente estos espacios”.
Ayer jueves, la Sala IV ordenó suspender el otorgamiento de concesiones o permisos nuevos y suspendió la ejecución de concesiones o permisos ya otorgados, por parte de Municipalidad de Talamanca, sobre las 20,1 hectáreas de terrenos clasificados como bosque que se ubican dentro de la Zona Marítimo Terrestre del Refugio. También ordenó suspender la directriz 09-2023, emitida por el ministro de Ambiente y Energía, Franz Tattenbach, que dispone que los límites oficiales del Regama son los establecidos en la Ley 9223, “Reconocimiento de los derechos de los habitantes del Caribe Sur”, vigente desde el 8 de abril de 2014. Finalmente, declaró “la moratoria total sobre el otorgamiento de permisos de corta y aprovechamiento forestal”, por parte del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac), “en las áreas de los siete bloques de bosque que deben ser retornadas formal, material y normativamente al Regama”.
Las medidas cautelares deberán cumplirse “hasta tanto no llegue a esta Sala el Informe Final de cumplimiento de la sentencia 2019-12745 (expediente 14-019174-0007-CO) o hasta que la Sala no disponga otra cosa”.
“Se prestaron para vender, usurpar y desangrar el Refugio”
“Estamos alegres con el fallo de la Sala, es algo que ha costado mucho, han sido décadas de lucha en que hemos esperado estas medidas cautelares por el bien de la flora, la fauna y de futuras generaciones”, dijo Marta Castro. “Ha sido difícil porque si esto se hubiera parado hace mucho, no estaríamos hoy en estas complicaciones que va a ser restaurar todo el daño ambiental que se ha hecho en la zona en colusión con las instituciones que tenían que velar por proteger”.
“Es muy lamentable que el mismo Minae, con su ministro a la cabeza, Franz Tattenbach, el mismo presidente de la República, el alcalde de la Municipalidad de Talamanca, estén todos juntos e incluso algunos funcionarios del Área La Amistad Caribe, que se prestaron para todo esto, para vender el Refugio, para usurparlo, degradarlo, desangrarlo y ojalá que se cumpla la ley en todo su sentido”, declaró Castro.
Mientras que Selva Baker, vecina de Punta Uva, expuso: “Esta noticia nos alegra mucho, es un gran avance un paso en la dirección que queremos ir; pero no debemos celebrar sobre manera porque definitivamente son muchos los intereses que hay y que no necesariamente se alinean con los beneficios a la comunidad del Caribe Sur”.
Baker manifestó que la orden de la Sala “da esperanza, da energía para seguir en la lucha”. “La Sala sí nos está escuchando, sí está entendiendo desde dónde venimos y hacia dónde queremos ir. Es urgente empezar un plan de regeneración de los ecosistemas que han sido dañados, bosque, manglar, espero que podamos participar en esta regeneración de nuestros espacios”, expresó Baker.
Por otra parte, el vecino de Limón Marco Levi Virgo, quien interpuso la acción de inconstitucionalidad en contra de la Ley 9223 y la gestión de desobediencia de la sentencia de 2019, difundió un video en el que dijo que la orden de la Sala IV “viene a darle un respiro al Refugio.”.
“Es algo importantísimo para detener la destrucción masiva y acelerada que se ha venido dando producto de una serie de acciones como permiso de uso, construcción, segregación, fraccionamiento de bosque y una serie de acciones dentro de un sitio que es categoría Ramsar protegido por convenios internacionales”.
Levi reconoció además la valiente acción de la Defensora de los Habitantes Angie Cruickshank, que interpuso la reciente solicitud de medidas cautelares.
