Representantes de organizaciones del magisterio se presentaron a la Comisión de Hacendarios, en la que solicitaron apoyo para un proyecto de ley que pretende descongelar las pensiones del Régimen Transitorio de Reparto (RTR), cuyos montos no se han actualizado por la paralización de los ajustes salariales.
El proyecto 24.353, impulsado por el diputado Jonathan Acuña, del Frente Amplio (FA), pretende resolver el congelamiento de montos de pensiones del RTR, que resultaron afectados por el congelamiento de los aumentos salariales para los funcionarios públicos, producto de la Regla Fiscal, que no los autoriza cuando la relación deuda pública / PIB supera el 60%. Aunque la norma no impide ajustar estas pensiones, sus actualizaciones sí están encadenadas a los ajustes salariales.
Ante la comisión comparecieron Gilbert Díaz, presidente del Sindicato de Educadores Costarricenses (SEC); Vivian Chaves, presidenta de la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE); Gilda Montero, presidenta de la Asociación Nacional de Educadores (ANDE); y Pedro Golcher, presidente de la Asociación de Educadores Pensionados (ADEP), para solicitar el respaldo a la propuesta de actualizar las pensiones del RTR para evitar que el congelamiento de los aumentos salariales se traduzca en congelamiento de los montos para pensionados que, en promedio, son de ₡800 mil, según indicó Golcher.
«Este proyecto tiene rostro humano, se trata de corregir una injusticia. Los pensionados del RTR, a pesar de que están pensionados, siguen cotizando, y no son pensionados de lujo», dijo Golcher, quien recordó que se trataría de un ajuste para un sistema de pensiones que ya se cerró, y que dada la edad de la mayoría de los actuales beneficiarios -76 años- sería de un ajuste que podría extenderse por un período de 6, 8 años. (Debe recordarse que estos sistemas fueron cerrados en 1995).
Montero también insistió en que se trata de corregir una injusticia, porque se trata de personas que contribuyeron con montos superiores a la mayoría de los cotizantes para constituir un fondo, pero que los Gobiernos no lo crearon y utilizaron los recursos en otros destinos. «No fue responsabilidad de los educadores, que si cotizaron al fondo, aumentando sus contribuciones», resaltó.
A pesar de ello, la jefa de la fracción oficialista, la diputada Pilar Cisneros, externó una postura negativa hacia esta propuesta. «Me toca velar no solo por el bienestar de los educadores, sino por el de todos los costarricenses», dijo, para luego hacer una comparación de situaciones que ella misma admitió, no eran comparables. «Decía Pedro Golcher que el promedio de pensiones de educadores es de ₡800 mil, es casi diez veces lo que reciben las personas que tienen una pensión no contributiva. Se que no son comparables, porque las pensiones de RTR son personas que cotizaron y las del RNC, no. Pero son costarricenses», dijo.
Esto provocó una respuesta del diputado Jonathan Acuña, quien recordó a Cisneros que el uso de las pensiones no contributivas no era un ejemplo legítimo, ya que la fracción del FA tuvo que presentar un recurso de amparo, declarado con lugar, para exigir al Gobierno presupuestar los recursos completos del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf), que en gran parte es el financiamiento de las pensiones no contributivas.
Las diputadas del Partido Liberación Nacional (PLN) Sonia Rojas y Paulina Ramírez intervinieron para anunciar su interés en el avance del proyecto, tras cuestionar el abandono de los sectores vulnerables en el actual Gobierno, mientras Alejandro Pacheco, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), prefirió una posición más prudente, y anunció que su bancada apoya a los educadores, pero que estudiarán la propuesta.
Cisneros también apuntó que el proyecto no sería necesario, ya que al reducirse la relación deuda / PIB por debajo del 60% el año pasado, esto permitiría descongelar los aumentos salariales, y con ello, el ajuste en estas pensiones. Sin embargo, Acuña resaltó que la intención de la propuesta apunta a evitar que el congelamiento se vuelve a presentar en el futuro, en caso de que se vuelva a superar el nivel del 60% de la relación deuda / PIB.
