Las cuatro personas estudiantes de la Universidad de Costa Rica (UCR), que fueron detenidas por manifestarse en defensa de la autonomía universitaria y del presupuesto de las universidades públicas en 2019 enfrentan juicio en los Tribunales de San Ramón, más de cinco años después de haber sido acusados.
Durante el segundo semestre de 2019, hubo un movimiento estudiantil espontáneo, que defendió el presupuesto para la educación superior pública con la toma de edificios en la Universidad Nacional (UNA) y en la Sede del Pacífico, de Occidente, de Liberia, el Recinto de Grecia y en la Rodrigo Facio de la UCR. También hubo una marcha el 22 de octubre, con una importante presencia de las sedes regionales y recintos de las universidades.
Un grupo de estudiantes fue detenido en las manifestaciones del 21 de noviembre de ese año, en la ruta Interamericana Norte, a la altura de la localidad de Santiaguito, en San Ramón, y se les presentaron cargos de obstrucción de la vía pública.
De acuerdo con un comunicado difundido por los estudiantes, “la protesta del grupo de estudiantes de la Sede Occidente de la UCR, en San Ramón, no generó bloqueos totales ni interrupciones significativas al tránsito”. La defensa de los estudiantes sostiene que no hubo una interrupción real del tránsito, ya que siempre se mantuvo un paso fluido de vehículos en uno de los carriles y existían vías alternas a ambos lados de la autopista.
La defensa también considera que la intervención policial fue desproporcionada y violenta, pues la protesta transcurrió de manera pacífica, y los ataques de la fuerza pública ocurrieron en el preciso momento en que el grupo de manifestantes se retiraba de manera tranquila del lugar, declararon en el comunicado. “La Fuerza Pública respondió con un despliegue desproporcionado de violencia, empleando gases lacrimógenos y persiguiendo por terrenos baldíos y potreros a las y los manifestantes, que no superaban las 25 personas”, afirmaron.
Derecho a la protesta social
El pasado lunes 31 de marzo arrancó el juicio y las audiencias continúan mañana miércoles y el jueves en el Tribunal del Tercer Circuito Judicial de San Ramón.
Después de la primera audiencia, el abogado defensor de los estudiantes, Edgardo Araya, explicó que ese día se empezó con la lectura de la acusación. Araya señaló que se preveía que el juicio se extendiera varios días porque había mucha prueba, por parte del Ministerio Público hay tres testigos (policías) y por parte de los estudiantes también hay tres testigos.
Las audiencias continúan mañana miércoles 9 de abril a las 7:00 p.m. y el jueves 10 de abril a las 6:00 p.m. en el Tribunal del Tercer Circuito Judicial de San Ramón. El juicio es oral y público, aclaró Araya.
Las familias de los estudiantes, el movimiento estudiantil y diversas organizaciones sociales hicieron un llamado a la comunidad universitaria, sectores populares y defensores de derechos humanos a movilizarse en defensa del derecho a la protesta y la libertad de expresión y acompañar a los estudiantes en los tribunales.
«No se puede criminalizar la protesta pacífica»
Los estudiantes fueron detenidos y acusados en noviembre de 2019. En diciembre de ese año, Araya presentó una acción de inconstitucionalidad contra el artículo 263 bis del Código Penal, que sanciona la «obstrucción de la vía pública» con penas de entre 10 y 30 días de prisión. Se argumentó que la redacción de la norma era demasiado amplia, permitiendo la criminalización de cualquier forma de manifestación en la vía pública.
La Sala Constitucional resolvió en agosto de 2023, y aunque declaró que dicho artículo era constitucional, “estableció lineamientos claros para su aplicación: la norma no debe ser utilizada para criminalizar la protesta pacífica ni para restringir el derecho fundamental de reunión”, indicaron los estudiantes.
Las audiencias preliminares iniciaron el 7 de noviembre de 2023; pero en ese momento el Ministerio Público y el abogado defensor determinaron que el juicio no podía empezar hasta que no se conociera el fallo completo de la Sala Constitucional, por lo que se puso en pausa el proceso. Ahora dará inicio el juicio, una vez que la Sala comunicó el fallo completo.
