Los únicos votos en contra provinieron del chavismo cuando esta tarde la Asamblea Legislativa aprobó en segundo debate una ley que posibilita que personas funcionarias del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) pensionarse a los 55 años de edad y con al menos 30 de servicio.
La votación quedó 40 votos contra siete. Eso sí, esa posibilidad abarca únicamente a quienes tienen permiso de portación armas. Concretamente se trata de una reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial, que se tramitó bajo el número de expediente 22.817 y fue presentada originalmente por el entonces diputado Dragos Dolanescu.
La legisladora independiente Kattia Cambronero uso la palabra en el plenario para dirigirse a las personas trabajadoras del OIJ que se encontraban en la barra del público y afirmar que “vamos a defender al OIJ porque es el último reducto que nos queda en este país, a pesar de un gobierno que evidentemente quiere la destrucción del sistema judicial costarricense para su propio beneficio”.
La diputada liberacionista Alejandra Larios, quien impulsó la aprobación del proyecto, explicó mediante comunicado de prensa que “esta ley es solo para aquellos y aquellas que utilizan armas, es decir aquellos que exponen su vida todos los días 24 horas al día, porque incluso cuando no están en horario laboral están siempre pudiendo ejercer funciones”.
Por esa vía explicó que en caso de no cumplirse los años de servicio pero sí la edad, “la jubilación se calculará en proporción a la edad del servidor o servidora”; mientras que si el retiro se produjese al cumplir el requisito de la edad o más años, pero antes de cumplir los 30 años de servicio, “la jubilación se acordará en proporción a los años laborados, siempre que el número de años servidos en el Poder Judicial no sea inferior a 10 años”.
La legisladora destacó que el proyecto de ley fue respaldado por un estudio actuarial, por lo que “en ningún momento se está poniendo en riesgo el régimen de pensiones del Poder Judicial”.
Destacó además que ese personal del OIJ trabaja una jornada de “cinco por dos, lo que quiere decir que cualquier otro funcionario público que trabaja en horario normal habrá laborado dos mil horas al año, pero las personas funcionarias del OIJ trabajan tres mil horas al año. Si una persona con estas condiciones ingresa a los 18 años al Poder Judicial y se pensiona a los 65 años, en tiempos reales se estaría pensionando con más de 70 años por la cantidad de horas que ellos trabajan”.
Ya a inicios de abril Rodrigo Chaves anunció su intención de vetar este proyecto de ley, pues al margen de los argumentos a favor de su aprobación lo tildó de “alcahuetería”.
