Esta mañana Albino Vargas, secretario general de la Asociación nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), junto a un nutrido grupo de militantes e integrantes de la Junta Directiva Nacional de esa organización, presentaron una querella “por delito contra el honor” en contra de Rodrigo Chaves.
El trámite se realizó en el Primer Circuito Judicial de San José ante la Sala III y el documento presentado apunta que fue durante la marcha del 18 de marzo, organizada por el Chavismo contra el Poder Judicial y en particular contra el Fiscal General, que Chaves al pronunciar un discurso espetó “…políticos que llamaron a protestas contra el Gobierno, a ellos se unieron los sindicatos corruptos como la ANEP y otros”.
El documento destaca que la ANEP como tal no tenía nada que ver con los motivos expuestos para la manifestación y alega que tal expresión puede constituir el delito de difamación según el artículo 153 del Código Penal: “Será reprimido con treinta a cien días multa, el que propalare hechos falsos concernientes a una persona jurídica o a sus personeros por razón del ejercicio de sus cargos que puedan dañar gravemente la confianza del público o el crédito de que gozan”.
En declaraciones a la prensa ofrecidas antes de presentar la denuncia ante los Tribunales, Vargas subrayó que la aseveración de que ANEP es “un sindicato corrupto” proferida por Chaves, “involucra a las miles de personas trabajadoras asociadas a ANEP, sector público, sector privado, trabajadores independientes, por ejemplo. Estás hablando de un compañero que recoge basura en una municipalidad, de un chofer de autobús, de un obrero bananero en una plantación bananera, valga la redundancia, de un educador, de un oficial policial, etcétera, que están entre las miles de personas asociadas a la ANEP”.
Recordó que se trata de una organización con 66 años de historia, “reconocida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, (Corte IDH) como una organización defensora de derechos humanos. Es muy grave lo que él dice y nosotros lo vamos a querellar. Se mandó a decir, según el protocolo, que tenía 10 días hábiles para disculparse, no lo hizo. Entonces, vamos al proceso judicial”.
Ante pregunta de UNIVERSIDAD, Vargas dijo que no se busca una retribución económica, sino simplemente que Chaves “se retracte, ni un cinco pretendemos porque no buscamos plata”.
Entonces se preguntó qué pasará si desde la misma altanería aún ante orden judicial el mandatario se niegue a retractarse. Vargas replicó que “ya habría que testimoniar piezas, como llaman en el Ministerio Público y seguir todos los procesos”.
