La Asociación de Aseguradoras Privadas de Costa Rica (AAP) afirmó que un proyecto de ley que se discute en la Asamblea Legislativa para asegurar financiamiento a redes de prevención de riesgo por sismos y actividad volcánica “representaría un costo adicional de aproximadamente ¢3.100 millones anuales que recaería directamente sobre las personas y empresas aseguradas, encareciendo el acceso a la protección de la vida, la salud y el patrimonio”.
De acuerdo con un comunicado difundido por estas aseguradoras, “esta cifra se incrementaría anualmente al ritmo del crecimiento del mercado de seguros, sin ningún tope”.
“Por técnica de seguros, cualquier carga o gasto en seguros se traslada a la tarifa que paga el consumidor, quien hace un esfuerzo económico para protegerse de los riesgos. Es incompresible que este sector que previene sus riesgos sea castigado teniendo que asumir el financiamiento directo del gasto de entidades públicas, que además no están relacionados ni tienen vinculación con sus seguros. Entendemos la necesidad de estas instituciones que tuvieron cinco años para buscar fuentes de ingresos, sin embargo, no es justo que su financiamiento recaiga en las personas aseguradas”, declararon las compañías aseguradoras.
Según se define la AAP, es una organización sin fines de lucro, que representa a las aseguradoras privadas que operan en el país. Tiene como afiliados a Aseguradora del Istmo (Adisa), Assa, BMI, Davivienda, Oceánica de Seguros, Mapfre, Seguros Lafise, Panamerican Life, Sagicor, SM Seguros y Qualitas, de acuerdo con su página web.
Piden reforma de ley que aportaría ¢2.000 millones anuales a redes de prevención de riesgo por sismos y actividad volcánica
La iniciativa establece que estas redes serán financiadas con un 0.60% de todas las primas de seguros de vida, salud, incendios y líneas afines que se vendan en el país.
El proyecto de ley «Adición del artículo 46 ter a la Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo N. 8488, para establecer un financiamiento permanente a las redes de monitoreo geodinámico y meteorológico» (Expediente 24.738) fue presentado por la diputada liberacionista Rosaura Méndez.
La iniciativa de ley establece que estas redes serán financiadas de manera permanente con un 0.60% de todas las primas de seguros de vida, salud, incendios y líneas afines que se vendan en el país.
Se trata de la Red Sismológica Nacional (RSN), el Observatorio Vulcanológico y Sismológico (Ovsicori) de la Universidad Nacional (UNA), el Instituto Meteorológico Nacional (IMN), la RSN y el Laboratorio de Ingeniería Sísmica (LIS) -estos dos últimos de la Universidad de Costa Rica (UCR)-.
Gracias a estas redes de monitoreo, que son estaciones y laboratorios que permiten la observación en tiempo real de la actividad sísmica, volcánica y tectónica es que hoy en el país se pueden observar volcanes y entender procesos, para poder anticipar desastres, tomar decisiones informadas, crear sistemas de alerta temprana y construir una cultura de prevención, han explicado sus directores.
