El Tribunal de San Ramón de Alajuela absolvió a las cuatro personas estudiantes de la Universidad de Costa Rica (UCR) detenidas en noviembre de 2019 por manifestarse en la Interamericana Norte, a la altura de Santiaguito, en defensa de la autonomía universitaria y del presupuesto de las universidades públicas.
Tras seis años de judicialización, el tribunal dictó sentencia absolutoria el miércoles a avanzadas horas de la noche, dejándoles libres de todos los cargos por el supuesto delito de obstrucción de la vía pública.
En su exposición, la jueza hizo énfasis en que el fallo de la Sala Constitucional, vinculado al caso, es claro en que el artículo del Código Penal que tipifica el delito de obstrucción no puede utilizarse para criminalizar de ninguna forma el ejercicio legítimo del derecho a la protesta, informaron los estudiantes.
Ese fue uno de los argumentos del abogado defensor de los estudiantes, Edgardo Araya, quien en diciembre de 2019 presentó una acción de inconstitucionalidad contra el artículo 263 bis del Código Penal, que sanciona la «obstrucción de la vía pública» con penas de entre 10 y 30 días de prisión. Se argumentó que la redacción de la norma era demasiado amplia, permitiendo la criminalización de cualquier forma de manifestación en la vía pública.
La Sala Constitucional resolvió en agosto de 2023, y aunque declaró que dicho artículo era constitucional, “estableció lineamientos claros para su aplicación: la norma no debe ser utilizada para criminalizar la protesta pacífica ni para restringir el derecho fundamental de reunión”, indicaron los estudiantes.
Para Araya, la sentencia de ayer «va a marcar la historia del movimiento social, la democracia de la calle» porque se ha reafirmado una vez más que «el derecho a la protesta no es un delito y protestar en la calle no es un delito, es ejercer un derecho; pero es ejercer un derecho de participación democrática, es el derecho que tiene la ciudadanía de exigirle cuentas a sus gobernantes».
«Hoy nos ha demostrado que el Poder Judicial tiene una reserva moral de confianza en la ciudadanía, me parece que hay que recalcar, una sentencia que ha dejado clarísimo que nadie tiene que pedir permiso para protestar y que el ejercicio de ese derecho es sagrado y debe ser ejercido con responsabilidad», añadió Araya.
En un comunicado, las personas absueltas declararon: “Agradecemos profundamente a todas las personas, organizaciones y medios que han acompañado este proceso con solidaridad y firmeza. Y especialmente a Edgardo Araya, por su defensa ética, comprometida y solidaria. Con la dignidad y la conciencia tranquilas, seguimos de pie”.
El caso se remonta al segundo semestre de 2019, cuando hubo un movimiento estudiantil espontáneo, que defendió el presupuesto para la educación superior pública con la toma de edificios en la Universidad Nacional (UNA) y en la Sede del Pacífico, de Occidente, de Liberia, el Recinto de Grecia y en la Rodrigo Facio de la UCR. También hubo una marcha el 22 de octubre, con una importante presencia de las sedes regionales y recintos de las universidades.
