Más de cien organizaciones de sectores sociales, comunitarios, indígenas, ASADAS, académicos y ambientales han firmado un pronunciamiento contra el avance y eventual aprobación del proyecto de “Ley Marco para la gestión integrada del recurso hídrico”, pues consideran que representa “un serio retroceso en materia ambiental y social”.
Ello por cuanto “en lugar de modernizar la legislación para promover una gestión justa, democrática y ecológica del agua, el texto actual abre peligrosos portillos que facilitan su explotación desmedida, en beneficio del sector extractivista”.
El proyecto de ley se tramita en la Asamblea Legislativa bajo el expediente 23.511 y fue presentado por la bancada de Liberación Nacional (PLN), más Rosalía Brown de Nueva República y Alejandro Pacheco del PUSC.
La propuesta ya ha pasado por el plenario legislativo y en este momento tramita en la comisión de Ambiente las mociones presentadas vía artículo 137 del Reglamento legislativo.
El pronunciamiento se puede firmar en línea y es apoyado por organizaciones como la Alianza por la Defensa del Agua – Puntarenas, Amigos de los Árboles, varias Asadas, la Asociación Civil Pro Natura, Asociación de Estudiantes de Biología UCR, Asociación de Indígenas de Sixaola Ngäbe (ATIGUSI), Asociación de Mujeres Artesanas de Santa Elena, Asociación de mujeres Meri Dirikä (mujeres Ngäbe de Sixaola), Confraternidad Guanacasteca, Coordinadora por la Liberación Animal, Costa Rica por el Océano, o Covirenas Caribe Sur. También lo han firmado muchas personas a titulo personal.
Todas esa instancias y personas coinciden en señalar su “profunda preocupación” ante el avance del proyecto de ley y consideran que uno de sus “puntos más críticos” es la posibilidad de reducir las zonas de protección alrededor de nacientes y acuíferos, “sin garantías mínimas ni estudios técnicos previos”. Al respecto apuntan que en el oficio PGR-OJ-095-2023, la Procuraduría General de la República “advirtió que esta disposición viola el principio precautorio y constituye una regresión ambiental”.
También se cita un informe del Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea (AL-DEST-CIV-0026- 2025), el cual “también advirtió que las reducciones propuestas en zonas de protección podrían provocar fragmentación del bosque, pérdida de biodiversidad, alteraciones del ciclo hidrológico y mayor vulnerabilidad ante fenómenos climáticos extremos”.
Otro “punto crítico” es que se abre la posibilidad de que desarrollos inmobiliarios, como condominios turísticos, puedan “perforar pozos propios si el AyA declara falta de disponibilidad, sin distinguir entre proyectos comunitarios y grandes emprendimientos privados”. Una medida que “puede generar desplazamientos, turismo descontrolado y graves impactos ecosistémicos, especialmente en zonas costeras”.
De no menor gravedad es la preocupación de que la propuesta plantea “una amnistía general para legalizar pozos ilegales, sin estudios técnicos ni revisión de impacto, lo que premia la ilegalidad y compromete la sostenibilidad de los acuíferos”.
Por esas razones, el texto del pronunciamiento es directo: “hacemos un llamado urgente a la Asamblea Legislativa para que se abstenga de darle la aprobación definitiva a este proyecto de ley. Es imprescindible determinar si este proyecto vulnera la Constitución y el derecho humano al agua antes de concretar su aprobación”.
Así, con el mismo tono, se lanza una advertencia a las diputaciones e la Asamblea Legisaltiva: “Recordamos a las diputadas y diputados que quienes aprueben esta ley enfrentarán consecuencias políticas en las próximas elecciones. Les advertimos que haremos visible su responsabilidad, y les vamos a aguar la fiesta porque no permitiremos que se entreguen nuestros bienes hídricos a los intereses del sector agroindustrial, las cámaras de construcción y el sector inmobiliario que impulsan esta iniciativa”.
