El reglamento de arriendo de la finca de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva) publicado en la Gaceta el 14 de agosto de 2024 ha sufrido gran cantidad de reclamos por parte de las familias que ocupan los terrenos.
“No sólo es inconstitucional, sino que representa una amenaza directa a más de 60.000 personas que habitan el 2 % del territorio nacional en las 132.000 hectáreas en la finca administrada en Japdeva”, señaló Yahaira Rojas, representante de la Comisión Vertiente Atlántica de Pobladores y Empresarios.
Las familias reclaman la falta de diálogo por parte de Japdeva para incluir dentro del desarrollo del reglamento a los vecinos de la zona en los terrenos que abarcan más de 132.000 hectáreas se ubican a lo largo de la costa Caribe, que abarca comunidades de siete cantones: Limón, Matina, Siquirres, Guácimo, Pococí, Sarapiquí y San Carlos.
“Este reglamento fue elaborado sin la participación ni consulta ciudadana. No se hizo llegar de información a las comunidades y ellos poseen todos los contactos de los líderes comunales. Realizaron un reglamento sin estudios técnicos y sin legitimidad. Lo impusieron desde una oficina, ignorando completamente las realidades sociales, históricas y jurídicas de nuestras comunidades. Su anulación no solo es legítima, sino necesaria”, recalcó la coordinadora general del movimiento comunitario.
Las declaraciones las emitió esta tarde en la Asamblea Legislativa en una audiencia en la Comisión Especial de la Provincia de Limón. En la misma también estuvo presente la presidenta ejecutiva de Japdeva, Sussy Wing Ching.
Los vecinos de la comunidad también refutan el hecho de que el reglamento fue creado sin un análisis económico y social de previo y que solo posee “un estudio ambiental desactualizado” y que el argumento que les dieron sobre ello fue que “no hay plata”.
Presidenta de Japdeva asegura que partes de la zona le pertenecen al SINAC
Wing Ching resaltó en su intervención que parte de la finca de Japdeva tiene zonas que por su naturaleza corresponden a parques nacionales. Según ella, la institución tiene “menos del 1%” del terreno y que las demás zonas son diferentes áreas del SINAC: humedales, parque nacional, refugio, refugio de vida silvestre, zona de protección, entre otras.
“Entonces es mentira lo que afirman de que Japdeva quiere despojar de sus tierras a un montón de familias. Tuvimos que reformar lo anterior porque un reglamento de cánones no es competencia de Japdeva, porque no es en zona marítima terrestre. A nosotros lo que nos faculta la misma ley orgánica es hacer arriendo o su alquiler. Y precisamente por eso este reglamento es transformado a un reglamento de arriendo”, aclaró la funcionaria en su intervención.
La presidenta de Japdeva comentó que establecieron reuniones con la comunidad el 29 y 30 de julio de 2023 y el 21 de agosto (días después de que se aprobara el nuevo reglamento) se volvieron a entablar conversaciones con vecinos en Tortuguero y en La Lucha de Siquirres.
También aseguró que para el reglamento utilizaron estudios de Hacienda, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) y el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC).
Sobre ese punto, la representante de la comunidad reclamó que no hay suficientes estudios que den legitimidad a la reforma del reglamento: “no hay criterios presentados por el Inder, Setena, Minae, ni las municipalidades. Es una norma sin sustento, sin respaldo y sin legitimidad”.
Incluso mencionó que el 25 de abril en Parismina, se convocó a la presidenta de Japdeva y a la junta directiva de la institución y no acudieron a la reunión.
Diputados se comprometen a una mesa de trabajo
María Marta Carballo, legisladora del PUSC y presidenta de la Comisión, aseguró que está de acuerdo en desarrollar espacios de mesas de trabajo con Japdeva y los representantes comunitarios para lograr llegar a una solución ante la situación que afecta a los ocupantes de estos terrenos.
Los demás diputados también estuvieron de acuerdo con la propuesta, a la que Wing Ching también reaccionó afirmativamente.
En ese mismo espacio, Geison Valverde de Liberación Nacional, fue crítico con la falta de voluntad para tomar decisiones políticas sobre esta situación.
“A mí no me vengan con esa historia que no se puede hacer nada ahora. Me preocupa porque si es la provincia de Limón no se puede hacer nada verdad, pero ustedes ven en Guanacaste y Puntarenas está la gente construyendo casi que encima del mar y ahí si no pasa nada”, comentó el legislador.
Rosalía Brown, Nueva República, también mostró su insatisfacción sobre las decisiones tomadas por la Junta Directiva en este caso.
“Queremos desarrollar una provincia, pero sin el ser humano. Entonces, realmente, ¿qué se va a hacer con la provincia de Limón? Si todo está enfocado en desarrollarse, pero los limonenses: ¿a dónde van a vivir? ¿A dónde van a vivir toda esa generación que entró y construyó Limón? ¿A dónde tienen que emigrar? Porque eso es que yo estoy escuchando en el fondo. Se va a desarrollar Limón, pero sin limonenses”, concluyó la legisladora.
