Seis grandes organizaciones de mujeres denunciaron ante la Contraloría General de la República y la Fiscalía General “evidentes fallas” en la supervisión y control de los “Puntos Violeta” del Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu) y pidieron abrir investigaciones.
En una carta abierta, representantes de agrupaciones de mujeres detallaron una serie de irregularidades identificadas en un informe de la auditoría del Inamu, que UNIVERSIDAD dio a conocer semanas atrás y profundizaron aún más, pues cuestionan que a pesar de la gravedad de los hallazgos, las conclusiones y recomendaciones no son de la misma severidad.
Primeramente, las activistas analizan que en la actualidad la violencia contra las mujeres “ha alcanzado dimensiones nunca vista en Costa Rica” con un aumento sin precedentes en los femicidios; al tiempo que “la entidad obligada por ley a promover las políticas públicas para la prevención” de este flagelo “desarrolló una “estrategia” onerosa que no tiene ninguna relación ni impacto con la problemática, al tiempo que debilita los servicios institucionales ya existentes que continúan cargando con el grueso de la demanda de atención y su personal se encuentra sobrepasado por la demanda”.
Además, detallan que no sólo la gestión del proyecto de Puntos Violeta sino las contrataciones realizadas en su función no cumplen “con las obligaciones convencionales y de la normativa nacional” tal y como detalló este semanario en el reportaje “Durante la peor crisis de violencia femicida, Inamu ha gastado casi ₡535 millones “sin controles” en Puntos Violeta”, esa estrategia “parece presentar importantes vicios de legalidad”.
Puntualmente, dicen, la empresa que gestiona los “Puntos Violeta” fue contratada para brindar atención en casos de hostigamiento sexual y acoso sexual callejero, y no de violencia, que es más frecuente, pero además aseveran que esa contratación se hizo “sin cumplir todos los requisitos los procesos administrativos”.
Adicionalmente afirman que los mencionados puntos “no han sido capaces de brindar el tipo y la calidad de la orientación y atención a las mujeres e implican, por el contrario, constituyen un paso más, revictimizante, en la ruta de búsqueda de ayuda pues manifiestan una muy limitada capacidad resolutiva debido a la no especialización del personal contratado”.
Las activistas señalaron que el mencionado informe de auditoría analiza solo la contratación de los procesos de atención psicológica pero que existen también procesos de contratación de asesoría legal y asumen que esos también “se realizaron en las mismas condiciones, por lo que no es posible constatar la magnitud de la inversión total de esta “estrategia” y el costo por usuaria”.
Así, dicen, existe “el riesgo de enriquecimiento ilícito por parte de la empresa contratada y una responsabilidad de las autoridades del INAMU” y señalan que el número de atenciones brindadas por el programa es “indiscutiblemente menor que la realizada por la Delegación de la Mujer y de las Unidades Regionales, con un costo muy superior al que hubiera implicado el fortalecimiento de los servicios institucionales”.
“El proceso estuvo viciado desde un principio, sin estudios de factibilidad, sin comprensión de la problemática y las dimensiones de la VcM, con una inversión multimillonaria que resultó inefectiva, que no tuvo controles y por tanto terminó siendo un despilfarro injustificado de recursos públicos”, concluyen.
Finalmente, expresan crtícias a la actuación de la Auditoría Interna pues afirman que las conclusiones y recomendaciones del informe “son contradictorias con la gravedad de los hallazgos identificados y con las obligaciones de profundizar en las investigaciones”.
En consecuencia, las activistas pidieron que se abra un proceso administrativo para identificar las “responsabilidades individuales, administrativas y políticas, derivadas de los hallazgos de este informe” y que se realice una “investigación urgente en relación con los contratos de servicios profesionales en derecho para brindar servicios en los PV para verificar el tipo, cantidad y calidad de los servicios prestados, así como la relación costo-beneficio en función de los objetivos de la “estrategia” de PV”.
Además pidieron que se audite la inversión del Inamu en materia de publicidad , que se valore la pertinencia y legalidad de la continuidad de los contratos vigentes, que se estudie “la posible existencia del delito de enriquecimiento ilícito” por parte de la empresa que gestiona el proyecto y la responsabilidad del Inamu como contratante.
